Comité de Evaluación del Poder Judicial suspende actividades

Filiberto Cruz Monroy
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El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció la suspensión del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros, previsto para junio de este año. Esta decisión se tomó en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal, quien estableció medidas cautelares mientras se resuelve un juicio de amparo.

Durante la noche del martes 7 de enero, el Comité notificó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el acuerdo del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán. Este dictamen ordena a los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial detener cualquier actividad relacionada con el proceso electoral, hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo interpuesto. En caso de desacato, la Fiscalía General de la República (FGR) podría intervenir.

El Comité del PJF destacó que, de no cumplir con la medida cautelar, se generaría inequidad entre los participantes del proceso electoral extraordinario. La decisión busca garantizar condiciones equitativas mientras se define la constitucionalidad de las acciones de los comités de evaluación.

María Emilia Molina, magistrada de Circuito, explicó que esta suspensión aplica a los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. «Es la primera medida cautelar en la que se vincula expresamente a los comités, y la primera suspensión notificada directamente en los domicilios oficiales de sus miembros», afirmó.

La magistrada detalló que los comités deberán detener cualquier actividad relacionada con la implementación de la reforma, específicamente en lo referente a la elegibilidad de las candidaturas. Estas decisiones serán puestas a consideración de los titulares de los tres Poderes de la Federación, quienes evaluarán los siguientes pasos.

Aunque el acuerdo vincula a los tres comités, cada uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones específicas dentro de sus competencias. Este precedente establece un hito en la implementación de medidas cautelares dentro del ámbito judicial y resalta la importancia de seguir procedimientos que garanticen la equidad y legalidad en los procesos electorales extraordinarios.

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