Jair FigueroaLa magistrada en retiro María Emilia Molina denunció el despido de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), al advertir que las bajas afectan áreas especializadas encargadas de atender a personas en situación de vulnerabilidad. La denuncia también fue respaldada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (JUFED), que acusó actos de coacción por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Las organizaciones sostienen que estas decisiones contradicen el compromiso del Gobierno federal de respetar los derechos laborales durante la implementación de la reforma judicial.
Despidos en la Defensoría Pública generan preocupación
María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), informó que el pasado 30 de junio fueron despedidos 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Explicó que las personas cesadas no pertenecían únicamente al área administrativa.
Se trataba de profesionales especializados en trabajo social, investigaciones socioeconómicas y elaboración de dictámenes para apoyar la defensa jurídica de personas sin recursos económicos.
Según la magistrada en retiro, estos perfiles resultan fundamentales para que los defensores públicos puedan acreditar condiciones de vulnerabilidad ante los tribunales.
Añadió que la medida impacta directamente en la atención de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, migrantes y ciudadanos que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
Reforma judicial y derechos laborales
Molina sostuvo que los despidos resultan preocupantes debido a que durante la discusión de la reforma judicial se aseguró que los derechos laborales serían respetados.
Afirmó que la salida de personal especializado puede afectar la calidad del servicio que brinda la Defensoría Pública Federal.
También señaló que la impartición de justicia requiere equipos multidisciplinarios capaces de elaborar estudios sociales que fortalezcan la defensa legal de los sectores más vulnerables.
JUFED denuncia actos de coacción
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces (JUFED) emitió un pronunciamiento para manifestar su rechazo a los despidos y a las acciones atribuidas al Órgano de Administración Judicial.
De acuerdo con la organización, diversos testimonios describen un ambiente de presión laboral y presuntas violaciones a los derechos de trabajadores administrativos y personal de apoyo.
JUFED aseguró que existe un clima de hostilidad dentro de algunas oficinas relacionadas con la administración judicial.
La asociación afirmó que estos hechos afectan principalmente a mujeres trabajadoras y personal operativo.
¿Qué es el Órgano de Administración Judicial?
El Órgano de Administración Judicial fue creado como parte de la reforma judicial aprobada en 2024.
Entre sus funciones se encuentran la administración del Poder Judicial Federal, la gestión del personal y la carrera judicial.
Estas responsabilidades anteriormente correspondían al Consejo de la Judicatura Federal.
Con la entrada en vigor del nuevo modelo, el OAJ asumió las decisiones relacionadas con la administración de recursos humanos dentro del Poder Judicial.
Promesa de respetar los derechos laborales
Durante septiembre de 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial serían respetados pese a la reforma.
Las recientes denuncias reavivaron el debate sobre el proceso de implementación de los cambios constitucionales.
Hasta el momento, las organizaciones involucradas solicitaron revisar las decisiones administrativas y garantizar certeza laboral para el personal afectado.
No se informó oficialmente sobre una eventual reinstalación de los trabajadores ni sobre nuevas medidas relacionadas con el caso.
Las denuncias por los despidos en el Instituto Federal de Defensoría Pública abren un nuevo frente de discusión sobre la aplicación de la reforma judicial y el respeto a los derechos laborales. Mientras organizaciones de juzgadores piden revisar las decisiones del Órgano de Administración Judicial, el caso mantiene la atención sobre el impacto que estos cambios podrían tener en el acceso a la justicia de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
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