RedacciónLa Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos suspendió repentinamente durante nueve horas todos los vuelos con origen o destino en el aeropuerto internacional de El Paso, Texas, debido a la presencia de drones del narcotráfico mexicano que violaron el espacio aéreo estadounidense, lo que obligó a las autoridades federales a cerrar la zona fronteriza la madrugada del miércoles hasta que el Pentágono neutralizó los artefactos y reanudó operaciones.
El aviso inicial fue emitido alrededor de las 23:30 horas locales del martes y advertía que el cierre del espacio aéreo se mantendría por diez días, hasta el 20 de febrero, lo que generó alarma en una de las ciudades más grandes de Texas. La orden de exclusión incluía un área de 16 kilómetros a la redonda y prohibía todos los vuelos por debajo de los 5,500 metros, aunque las aeronaves que viajaban por encima de esa altura no resultaron afectadas. Horas más tarde, la agencia informó sobre el levantamiento de la restricción sin ofrecer explicaciones detalladas sobre los hechos.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que fue una incursión de drones pertenecientes a cárteles mexicanos lo que motivó el cierre del espacio aéreo sobre El Paso. El funcionario indicó que la amenaza fue neutralizada y por ello se reabrió el espacio aéreo, aunque no precisó qué tipo de artefactos fueron localizados ni el método utilizado por el Pentágono para desactivarlos. La confirmación oficial por parte del gobierno estadounidense contrastó con la postura de la administración mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no existe ninguna información sobre el uso de drones en la frontera con El Paso, Texas. “No hay que especular, hay que mantener comunicación permanente”, señaló la mandataria, quien evitó profundizar en el tema y llamó a no generar versiones sin sustento oficial. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno mexicano no había emitido una postura formal ni solicitado información adicional a las autoridades estadounidenses.
El área restringida incluyó también la comunidad de Santa Teresa, en el sur del estado de Nuevo México, aunque no afectó a Ciudad Juárez, ubicada a pocos metros del otro lado de la frontera. La orden original estipulaba que los pilotos que incumplieran la prohibición podrían ser interceptados, detenidos y entrevistados por personal de seguridad, y advertía sobre la posibilidad de utilizar fuerza letal contra las aeronaves que violaran la zona de exclusión si representaban una amenaza de seguridad inminente.
El cierre provocó caos en el aeropuerto de El Paso, que movilizó a 3.49 millones de pasajeros durante los primeros once meses de 2025, según cifras del diario local El Paso Times. Las principales aerolíneas comerciales mantienen operaciones en esta terminal, considerada un punto estratégico para la conexión entre el suroeste estadounidense y el norte de México. Durante las nueve horas de suspensión, decenas de vuelos fueron cancelados o desviados, lo que generó molestia entre viajeros y afectaciones económicas aún no cuantificadas.
El alcalde de El Paso, Renard Johnson, expresó su indignación por la falta de coordinación entre la FAA, el Pentágono y las autoridades locales. “Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Quiero dejar muy claro que esto nunca debió haber sucedido. No se puede restringir el espacio aéreo de una gran ciudad sin coordinarse con la ciudad, el aeropuerto, los hospitales y los líderes comunitarios. Esa falta de comunicación es inaceptable”, señaló Johnson en conferencia de prensa.
El edil denunció que los vuelos de evacuación médica se vieron obligados a desviarse a Las Cruces, Nuevo México, y que todas las operaciones aéreas fueron suspendidas, incluyendo los vuelos de emergencia. “Esta fue una interrupción grave e innecesaria, que no ocurría desde el 11-S. El Paso no es solo un punto en el mapa. Somos una ciudad muy importante. Somos la sexta ciudad más grande del estado de Texas y la vigésimo segunda ciudad más grande de Estados Unidos”, enfatizó.
La medida extraordinaria solo se había aplicado previamente en El Paso tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades federales cerraron todo el espacio aéreo estadounidense luego del secuestro de cuatro aviones por parte del grupo radical islámico Al Qaeda. La comparación con aquel episodio histórico agravó la percepción de desproporción en la respuesta gubernamental, según críticos y especialistas en seguridad aeroportuaria consultados por medios locales.
El ayuntamiento de El Paso emitió un comunicado en el que admitió la prohibición de vuelos y señaló que se encontraba a la espera de más instrucciones. “Mientras tanto, se informa a las líneas aéreas comerciales que operan desde El Paso sobre la restricción, que parece estar relacionada con la seguridad. Se recomienda a los pasajeros que se pongan en contacto con su línea aérea para recibir las últimas actualizaciones sobre la situación de su vuelo”, agregó el documento.
Fuentes del Pentágono consultadas por CBS News revelaron que varios miembros de la cadena de mando militar también fueron tomados por sorpresa ante la decisión de cerrar el espacio aéreo. La falta de comunicación interna dentro del propio gobierno estadounidense evidenció fisuras en los protocolos de seguridad fronteriza y generó cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante amenazas con drones en la región.
Especialistas en seguridad nacional advirtieron que la incursión de drones representa un salto cualitativo en las capacidades operativas de los grupos criminales mexicanos. Aunque el uso de artefactos no tripulados para actividades de vigilancia y tráfico de drogas ha sido documentado en años recientes, la violación del espacio aéreo estadounidense con fines que aún no han sido esclarecidos constituye una escalada sin precedentes en la dinámica fronteriza.
Analistas consultados señalaron que el incidente expone la vulnerabilidad del espacio aéreo del suroeste estadounidense y la necesidad de actualizar los sistemas de detección y neutralización de drones. La FAA, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional no han informado si se implementarán medidas adicionales de vigilancia en los aeropuertos cercanos a la frontera ni si existe evidencia de que los cárteles cuenten con flotillas de drones capaces de evadir los radares militares.
El gobierno de Texas, encabezado por el gobernador Greg Abbott, no ha emitido una postura oficial sobre el cierre del aeropuerto de El Paso ni sobre la presunta participación de los cárteles mexicanos. Abbott ha mantenido una política de seguridad fronteriza unilateral que incluye el despliegue de la Guardia Nacional estatal y la instalación de barreras de alambre de púas, aunque estas medidas no han impedido incidentes en el espacio aéreo.
La Cámara de Comercio de El Paso manifestó su preocupación por el impacto económico que podría generar un cierre prolongado y exigió a las autoridades federales garantizar la seguridad sin afectar la operatividad de la terminal aérea. Empresarios del sector turístico y hotelero reportaron cancelaciones de reservaciones y pérdidas económicas derivadas de la suspensión temporal de vuelos.
Organizaciones de derechos civiles cuestionaron la decisión de la FAA de advertir sobre el uso de fuerza letal contra aeronaves que violaran la zona de exclusión, al considerar que se trata de una medida desproporcionada que pone en riesgo a la población civil. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) solicitó a las autoridades federales transparentar los criterios utilizados para determinar la existencia de una amenaza inminente.
Hasta el momento, ni la FAA ni el Pentágono han revelado el número de drones detectados, su procedencia exacta, el tipo de armamento que portaban, si lograron ser recuperados o qué información fue obtenida tras su neutralización. Tampoco se ha informado si los artefactos lograron sobrevolar instalaciones sensibles o si existen carpetas de investigación abiertas en Estados Unidos o México.
La postura del gobierno mexicano se ha limitado al breve mensaje de la presidenta Sheinbaum, quien evitó calificar el hecho como una violación a la soberanía nacional o solicitar una investigación conjunta. La relación bilateral en materia de seguridad enfrenta así un nuevo punto de fricción, en un contexto marcado por el combate al tráfico de fentanilo y las presiones del gobierno estadounidense para que México endurezca sus políticas contra el crimen organizado.
El cierre del aeropuerto de El Paso por drones de cárteles mexicanos reabre el debate sobre la capacidad del Estado mexicano para contener a los grupos criminales y la disposición del gobierno estadounidense para actuar de manera unilateral en la frontera. La falta de información oficial contrasta con la gravedad del incidente y la alarma generada entre la población de ambas naciones.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media