Filiberto Cruz MonroyLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a una audiencia pública para analizar la reforma judicial en México, un proceso que ha suscitado gran preocupación por su posible impacto en la independencia del Poder Judicial. La audiencia se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2024, a las 2:00 p.m. (hora de Washington, DC), en la sede de la CIDH en Estados Unidos. Esta diligencia permitirá discutir en detalle las implicaciones de la reforma propuesta por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) fue la responsable de solicitar esta audiencia, señalando que la reforma podría ser aprobada rápidamente, lo que representaría un riesgo para la autonomía judicial en el país. En su notificación, la CIDH ha pedido a las autoridades mexicanas que presenten un documento escrito que resuma los aspectos principales de su postura, así como cualquier documentación relevante para la audiencia.
Durante la audiencia, la delegación de la JUFED tendrá la oportunidad de exponer oralmente sus argumentos sobre por qué considera que la reforma judicial es incompatible con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Este espacio busca facilitar un diálogo sobre las preocupaciones relacionadas con la celeridad del proceso de reforma y su potencial impacto en el acceso a la justicia.
La CIDH ha expresado su inquietud respecto a la rapidez con la que se tramita la reforma judicial, destacando que esto impide la consideración efectiva de las críticas planteadas por diversos sectores de la sociedad. Las manifestaciones recientes han puesto de relieve el descontento de los ciudadanos y las descalificaciones públicas hacia los jueces, un tema que ha sido abordado en los comunicados de la CIDH.
Además, la Comisión ha advertido que la falta de un debate abierto y plural podría resultar en decisiones que comprometan gravemente la independencia judicial en México. Con el objetivo de abordar estas preocupaciones, la JUFED espera que la CIDH emita medidas cautelares que incentiven al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum a entablar un diálogo constructivo con los trabajadores del Poder Judicial.