Jair FigueroaLa reforma constitucional establece un cambio clave en la forma en que México atiende el feminicidio. Ahora el Congreso tendrá facultades para crear una ley nacional obligatoria.
El objetivo principal es estandarizar los criterios legales en todo el país.
Esto incluye:
- Definición única del delito
- Sanciones homogéneas
- Protocolos de investigación estandarizados
- Mecanismos de atención a víctimas
El cambio busca evitar que cada estado aplique reglas distintas en casos similares.
Nueva Ley en 180 días
El Congreso tendrá un plazo de 180 días para crear la nueva Ley General en materia de feminicidio.
Durante este periodo se deberán definir reglas claras para:
- Investigación del delito
- Sanciones aplicables
- Protección a víctimas
- Reparación del daño
Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género.
Mientras la nueva ley se redacta, seguirán vigentes las normas actuales en cada estado.
Cifras de feminicidio en México
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la situación sigue siendo crítica.
En 2025 se registraron 721 casos de feminicidio en el país.
En lo que va de 2026, ya se contabilizan 148 casos durante el primer trimestre.
Estas cifras mantienen el feminicidio como una de las formas más graves de violencia contra mujeres y niñas en México.
El gobierno federal busca que la nueva ley permita mejorar la prevención y la investigación de estos casos.
Qué busca la nueva Ley General
La reforma tiene como objetivo principal crear una política nacional unificada.
Entre sus metas destacan:
- Homologar criterios judiciales en todo el país
- Fortalecer las investigaciones ministeriales
- Mejorar la atención a víctimas
- Garantizar acceso a la justicia
El cambio también busca reducir la impunidad en estos casos y mejorar la coordinación entre fiscalías estatales.
La aprobación de esta reforma representa un paso hacia la creación de un marco legal más sólido contra el feminicidio en México.
Sin embargo, su impacto real dependerá de la rapidez con la que se construya la nueva ley general y de su aplicación en los estados.
Durante los próximos meses, el Congreso deberá definir reglas claras que puedan aplicarse de forma uniforme en todo el país.
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