Juez dicta prisión preventiva a Santiago Peña por lesión de confianza

El juzgado penal de la causa decretó la medida de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, dentro de la investigación por el denominado caso Ueno Bank. La autoridad judicial determinó que existe peligro procesal de fuga por parte del exmandatario, por lo que enfrentará la imputación penal privado de la libertad.

La resolución judicial atiende la petición formal presentada por los agentes del Ministerio Público tras el desahogo de las primeras diligencias tras la destitución del exjefe de Estado. El fallo incluye la aplicación de medidas cautelares patrimoniales en contra del imputado y de otros exservidores públicos vinculados al expediente.

Juez dicta prisión preventiva a Santiago Peña y ordena embargo

La imputación penal acusa formalmente a Peña por la presunta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La representación social sostiene que el investigado utilizó su posición en el Poder Ejecutivo para beneficiar a la entidad financiera privada durante su mandato constitucional.

En la misma resolución, el juzgador decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes patrimoniales pertenecientes a Peña. La medida de aseguramiento económico abarca de igual forma las propiedades e inmuebles del expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

El Ministerio Público busca garantizar la eventual reparación del daño y evitar la transferencia ilícita de activos durante la integración del proceso penal. Las autoridades judiciales remitieron el mandato a los registros públicos del país para bloquear cualquier transacción patrimonial de los procesados.

Operaciones en Ueno Bank y presuntas irregularidades financieras

De acuerdo con la tesis formulada en la imputación, Peña intervino presuntamente en la colocación, renovación y permanencia de importes millonarios pertenecientes a entidades del Estado dentro de Ueno Bank. El esquema financiero comprometió recursos de dependencias públicas para mantener depósitos bancarios de manera irregular.

Las indagatorias revelaron que el exmandatario sostenía una relación económica y corporativa previa y directa con dicha firma financiera antes de asumir la presidencia. Los fiscales señalan que estas acciones configuraron un conflicto de interés y un uso indebido de las facultades gubernamentales.

Las comisiones investigadoras continúan auditando las cuentas operativas y las actas del Banco Central para cuantificar el impacto sobre las arcas públicas. El proceso judicial continuará con el desahogo de pruebas documentales e inspecciones contables en los próximos meses.

Próximas etapas procesales en el fuero penal

El juzgado de garantías fijó los plazos correspondientes para que la representación fiscal concluya la etapa de investigación preliminar y presente la acusación definitiva. La defensa legal del expresidente anunció que interpondrá los recursos de apelación para intentar revertir la prisión preventiva.

El sistema judicial suramericano mantendrá la supervisión sobre el resguardo del imputado en el centro penitenciario designado. Las autoridades de procuración de justicia ratificaron su compromiso de garantizar el debido proceso en el seguimiento de este caso financiero.

Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media.