Inteligencia Artificial: Un nuevo desafío para el Derecho Electoral

La inteligencia artificial plantea uno de los desafíos jurídicos más relevantes para el proceso electoral de 2027. La posibilidad de generar imágenes, audios y videos aparentemente auténticos obliga a revisar si nuestro marco normativo cuenta con instrumentos suficientes para garantizar los principios de certeza, legalidad y equidad en la contienda.

El problema central no radica en la utilización de inteligencia artificial como herramienta tecnológica, sino en su capacidad para producir contenidos sintéticos capaces de atribuir falsamente hechos o declaraciones a candidatos, partidos o servidores públicos.

Los denominados deepfakes representan un reto particularmente complejo. Un video falso difundido durante una campaña puede alcanzar a millones de electores antes de que la autoridad determine su autenticidad y, aun cuando posteriormente se ordene su retiro, sus efectos sobre el debate público pueden resultar difíciles de revertir.

El INE ya ha incorporado conceptos como deepfake, transparencia digital y huella digital de inteligencia artificial dentro de determinados lineamientos en materia de propaganda político-electoral. El Tribunal Electoral, por su parte, ha planteado principios como trazabilidad, supervisión humana y posibilidad de auditoría en el uso de estas tecnologías.

Sin embargo, subsisten interrogantes jurídicas relevantes: ¿quién responde por un contenido falso generado de manera anónima?, ¿cómo acreditar su autoría?, ¿qué valor probatorio debe otorgarse a un audio o video cuya autenticidad es controvertida?, ¿qué medidas cautelares pueden resultar eficaces cuando la difusión ocurre en cuestión de minutos?

La regulación tampoco puede traducirse en una restricción desproporcionada a la libertad de expresión. No todo contenido generado mediante inteligencia artificial constituye una conducta ilícita. El desafío consiste en distinguir entre su utilización legítima y aquella destinada a generar deliberadamente una representación falsa de la realidad con incidencia en la contienda electoral.

Por ello, rumbo a 2027 será necesario fortalecer reglas sobre identificación de contenidos sintéticos, trazabilidad, conservación de evidencia digital, atribución de responsabilidades y procedimientos cautelares eficaces, siempre bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.

La inteligencia artificial no modifica los principios constitucionales que rigen las elecciones, pero sí transforma las condiciones bajo las cuales deben garantizarse.

En 2027, la certeza electoral tendrá una nueva dimensión: no solamente conocer con claridad las reglas de la elección, sino contar con mecanismos jurídicos eficaces para determinar qué contenido es auténtico, quién lo generó y quién debe responder por su utilización indebida.