Jair FigueroaEl magistrado Miguel Mery Ayup presentó el acuerdo para la creación de la Red Nacional de Unidades de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). Esta iniciativa establece lineamientos obligatorios para los 32 poderes judiciales locales del país.
La estrategia busca homologar la impartición de justicia en los estados mediante la aplicación estricta de la perspectiva de género y la interseccionalidad. Con esta medida, los tribunales locales deberán revisar sus procesos para eliminar sesgos de discriminación y proteger a las víctimas en procedimientos familiares, civiles y penales.
Miguel Mery Ayup presenta la Red Nacional de Derechos Humanos en tribunales
El presidente del Poder Judicial de Coahuila y representante ante la CONATRIB coordinará la integración de los tribunales estatales. Miguel Mery Ayup presenta la Red Nacional de Derechos Humanos para garantizar que cada juzgado cuente con personal especializado en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El acuerdo nacional obliga a los juzgados a emitir sentencias bajo estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, las unidades supervisarán que no se cometan violaciones procesales durante los juicios que involucren a mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas.
Cambios en las reglas para juzgar en los estados
Las unidades de género en cada entidad evaluarán el desempeño de los jueces y magistrados de forma permanente. El mecanismo vigilará el cumplimiento de protocolos específicos en expedientes sobre violencia intrafamiliar, custodia de menores y pensiones alimenticias.
Los poderes judiciales estatales compartirán jurisprudencias, criterios de interpretación y metodologías de trabajo. La coordinación entre las entidades evitará resoluciones contradictorias y ofrecerá mayor certeza jurídica a las personas al momento de presentar una demanda en su municipio.
Capacitación obligatoria y atención ciudadana en juzgados
El proyecto incluye programas de formación continua para el personal administrativo y jurisdiccional en materia de inclusión social. Los tribunales deberán adaptar sus áreas de atención al público con personal capacitado para orientar a personas en situación de vulnerabilidad.
Además, la red medirá la eficiencia de los tribunales locales mediante un sistema unificado de indicadores de acceso a la justicia. La meta principal es detectar deficiencias procesales y corregir omisiones de las autoridades en el manejo de las pruebas.
Protección a grupos vulnerables en juicios locales
La aplicación del enfoque de interseccionalidad permite analizar el contexto social, económico y de género de las partes involucradas en un litigio. Este análisis garantiza que los jueces tomen en cuenta las desigualdades reales antes de dictar una sentencia definitiva.
Los representantes de la CONATRIB establecieron mesas de trabajo para dar seguimiento al despliegue de la red en las 32 entidades. Las unidades mantendrán contacto permanente con organizaciones civiles para medir el impacto de las nuevas disposiciones en la atención ciudadana.
Avances en la transparencia del sistema judicial
La activación de la red nacional consolida el compromiso de la CONATRIB de construir un sistema judicial más accesible y equitativo. Cada entidad federativa adecuará sus reglamentos internos para otorgar atribuciones operativas a sus respectivas unidades de género.
Los reportes de desempeño de la red se integrarán a los informes anuales de la comisión nacional. Las autoridades judiciales prevén que la unificación de criterios reduzca los tiempos de respuesta en juicios donde se vulneren los derechos de las personas.
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