Jair FigueroaLa Suprema Corte analizó el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento de Pensiones del ISSSTE. Este apartado permitía suspender la pensión por viudez cuando el beneficiario comenzaba a trabajar dentro del mismo régimen.
Tras su revisión, la Corte declaró esta disposición como inconstitucional. El argumento central fue claro: condicionar la pensión al hecho de no trabajar vulnera derechos fundamentales.
La SCJN señaló que esta norma limitaba el derecho al trabajo y afectaba la seguridad social. Además, convertía el empleo en un riesgo económico para quienes dependían de este ingreso.
Con esta resolución, el tribunal establece que la pensión por viudez no puede perderse por incorporarse a un empleo formal. Esto aplica incluso si la persona cotiza nuevamente en el sistema.
Impacto directo en beneficiarios del ISSSTE
El fallo tiene un impacto inmediato para miles de beneficiarios. Durante años, muchas personas evitaron trabajar por miedo a perder su pensión.
Esta situación generaba dependencia económica y limitaba el desarrollo personal. La Corte consideró que esta condición era injustificada y contraria a la Constitución.
Ahora, quienes reciben una pensión por viudez podrán trabajar sin temor a perder este ingreso. Esto abre la puerta a mejorar su estabilidad económica.
También permite que las personas accedan a empleos formales, con prestaciones y seguridad social adicional.
Qué decía la norma invalidada
El reglamento establecía que las pensiones eran compatibles con otros ingresos, pero con restricciones.
En particular, prohibía trabajar bajo el régimen del artículo 123 apartado B de la Constitución. Esto afectaba principalmente a quienes buscaban empleo en el sector público.
La SCJN determinó que esta limitación no tenía justificación válida. Señaló que el derecho al trabajo digno no puede condicionarse a la pérdida de una pensión.
Nuevas resoluciones de la SCJN en materia financiera
Además de este fallo, la Corte confirmó otras decisiones relevantes.
Entre ellas, validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este permite a la Secretaría de Hacienda incluir personas en la Lista de Personas Bloqueadas.
La medida aplica cuando existen indicios de delitos como financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
También se avalaron resoluciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias. Estas acciones buscan prevenir operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.
La decisión marca un cambio importante en la política social del país. El fallo elimina una barrera que afectaba la estabilidad económica de miles de personas.
Ahora, trabajar ya no implica perder este derecho. La resolución sienta un precedente que podría influir en futuras reformas y en otros sistemas de pensiones.
El impacto será gradual, pero abre nuevas oportunidades para quienes dependen de este ingreso y buscan mejorar su calidad de vida.
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