Israel GómezLa Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha solicitado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, que priorice la resolución de juicios de amparo que impiden la utilización de 15 mil millones de pesos de 13 fideicomisos del Poder Judicial para los damnificados de Acapulco, Guerrero.
La CJEF argumenta que los jueces están impedidos para resolver imparcialmente estos juicios de amparo, ya que fueron promovidos por ellos mismos. La SCJN es instada a atraer y resolver de manera prioritaria estos asuntos debido a la excepcionalidad y trascendencia, involucrando intereses económicos de jueces y magistrados del PJF, contrapuestos al interés público de destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Según el comunicado de la Consejería, el juez decimosegundo de Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó de manera rápida e inusual la suspensión definitiva del decreto del 27 de octubre de 2023, afectando a todos los jueces y magistrados del PJF, impidiendo indefinidamente la disposición de los recursos para la reconstrucción de Acapulco.
Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió una suspensión con efectos generales, beneficiando tanto a quienes hayan promovido juicio de amparo como a quienes no lo hayan hecho, situación que, según la Consejería, contraviene el principio de que la suspensión solo debe otorgarse en casos concretos derivados de la norma que afecten la esfera jurídica de los quejosos.