Filiberto Cruz MonroyLa extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), como parte de la reforma al sistema de organismos autónomos, plantea serias interrogantes sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y su acceso público. Desde su creación en 2014, la PNT ha sido una herramienta crucial para la transparencia en México, permitiendo a los ciudadanos acceder a más de 14 millones de archivos con información pública sobre los más de 800 sujetos obligados de todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta los estatales, municipales y organismos autónomos. Sin embargo, con la desaparición del INAI, no está claro cómo se garantizará que esta valiosa información siga siendo accesible para la ciudadanía.
Artículo 19, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, ha propuesto hacerse cargo del resguardo y respaldo de los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México, señala que la información contenida en la PNT es un bien público y no debe ser propiedad exclusiva de las instituciones gubernamentales. La propuesta de la organización busca crear un repositorio independiente para asegurar que la información siga siendo accesible a todos los ciudadanos, incluso en colaboración con instituciones académicas, para garantizar que la información pública esté disponible de manera libre y sin monopolios.
La transparencia ha sido uno de los grandes avances en la democracia mexicana, y la PNT se ha consolidado como una herramienta clave para acceder a documentos relevantes, como contratos, permisos, directorios, salarios, y más. Antes de la reforma, cualquier persona podía, con pocos clics, consultar información de cualquier entidad pública, desde las compras de luminarias de su municipio hasta los proveedores de contratos del gobierno. Este modelo centralizado de información evitaba la fragmentación y simplificaba el acceso a los ciudadanos, quienes podían conocer la gestión pública de manera rápida y eficaz.
Con la reforma que propone la extinción de organismos autónomos, incluidos el INAI y la PNT, se pone en riesgo esta facilidad de acceso. La Secretaría Anticorrupción asumiría algunas de las funciones del INAI, pero solo en lo que respecta a los datos del gobierno federal. Esto significaría que no existiría un organismo único para resguardar la información de los estados, municipios, partidos políticos, sindicatos y otras entidades que reciben recursos públicos. Además, la transparencia podría verse vulnerada, ya que, al no existir un ente centralizado, cada institución tendría que crear su propio repositorio de información, lo que llevaría a una fragmentación de los datos y dificultaría su acceso por parte de los ciudadanos.
La propuesta de Artículo 19 también resalta la importancia de un acceso libre y sin restricciones a la información pública. En su intervención, Maldonado recordó cómo la organización ya ha trabajado en el resguardo de información de interés público, como los archivos de la Guerra Sucia a través del proyecto «Archivos de la Represión». Esta plataforma, respaldada por organizaciones académicas, permitió a las víctimas de violaciones a derechos humanos acceder a pruebas cruciales para el amparo interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tipo de precedentes demuestra cómo la información pública, cuando se preserva y se pone a disposición de los ciudadanos, se convierte en una herramienta vital para la justicia y la defensa de derechos.