Filiberto Cruz MonroyLa decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de repetir parte del proceso de admisión a licenciatura ha provocado molestia, incertidumbre e incluso acciones legales. Es comprensible. Miles de jóvenes estudiaron durante meses, presentaron un examen, recibieron un resultado y ahora tendrán que volver a demostrar sus conocimientos. Nadie puede minimizar el esfuerzo que representa preparar un examen de ingreso a la máxima casa de estudios del país.
Sin embargo, detrás del enojo legítimo existe una realidad que tampoco puede ignorarse: el proceso original perdió credibilidad.
La UNAM decidió, por primera vez, migrar a un examen completamente virtual para el ingreso a licenciatura. Para ello contrató a una empresa especializada que, de acuerdo con el contrato firmado con la propia Universidad, debía garantizar vigilancia humana en tiempo real, inteligencia artificial para detectar irregularidades, supervisores suficientes, conservación de evidencias y un sistema capaz de impedir cualquier conducta que comprometiera la integridad de la evaluación.
Eso era exactamente lo que se estaba pagando.
La plataforma debía detectar la presencia de terceros, el uso de teléfonos celulares, audífonos, cámaras, calculadoras, múltiples pantallas e incluso cualquier intento de proyectar el examen hacia otros dispositivos. Además, debía almacenar el cien por ciento de los audios, imágenes y videos generados durante toda la aplicación.
Si después de todo ese despliegue tecnológico la Universidad detectó irregularidades tan importantes que decidió aplicar un examen de control presencial, entonces es inevitable concluir que algo falló. Y ese algo tiene nombre. La empresa contratada no cumplió con el objetivo principal para el que fue contratada: garantizar un proceso confiable.
Pero sería demasiado fácil detener el análisis ahí. Porque la otra parte de esta historia también resulta incómoda.
Miles de aspirantes decidieron hacer trampa. No fueron obligados por la plataforma. No los obligó la empresa. No los obligó la Universidad. Tomaron una decisión. Buscar respuestas, recibir ayuda de terceros, utilizar dispositivos electrónicos o aprovechar cualquier vulnerabilidad del sistema también representa una elección personal. Ahí aparece una pregunta mucho más profunda que trasciende a la propia UNAM.
¿Por qué hacemos trampa?
La respuesta probablemente no está en un examen de admisión, sino en una cultura donde demasiadas veces se considera más importante obtener el resultado que la forma en la que se consigue.
La corrupción no comienza cuando alguien ocupa un cargo público. Empieza mucho antes, cuando normalizamos pequeñas conductas que justificamos porque «todos lo hacen», porque «era la única manera» o porque «si yo no lo hago, alguien más lo hará».
Un examen de ingreso también mide algo más que conocimientos. Pone a prueba la honestidad. Y cuando miles de personas encuentran la forma de vulnerar un sistema, el problema deja de ser únicamente tecnológico para convertirse en un problema social.
La decisión de la UNAM de aplicar un examen de control ha sido cuestionada por algunos aspirantes, al grado de preparar un amparo colectivo. Sus argumentos también merecen ser escuchados. Ellos sostienen que la Universidad publicó resultados oficiales, emitió avisos de selección y ahora modifica las reglas del proceso. Es una postura entendible, especialmente para quienes obtuvieron su lugar de manera legítima después de meses de estudio.
Es injusto para esos jóvenes. Nadie puede negar que volver a presentar una evaluación implica tiempo, presión emocional y una nueva carga para quienes ya habían cumplido con todos los requisitos. Muchos de ellos hicieron exactamente lo que debía hacerse: estudiar, prepararse y confiar en que el proceso sería limpio.
Sin embargo, también habría sido injusto mantener intactos unos resultados cuya confiabilidad fue puesta en duda por las propias irregularidades detectadas.
La Universidad tenía dos caminos. El primero era asumir que nada había pasado y continuar con el proceso, aun cuando existían elementos suficientes para cuestionar la validez de parte de los resultados. El segundo era tomar una decisión difícil, incómoda y polémica para recuperar la certeza del proceso. Eligió el segundo.
No porque sea una decisión popular, sino porque la confianza en una institución como la UNAM vale mucho más que un proceso de admisión. La credibilidad no admite medias tintas.
Ahora también corresponde exigir responsabilidades.
Si el contrato establecía obligaciones precisas para la empresa encargada de la plataforma, esas obligaciones deben revisarse. Si hubo incumplimientos, la propia Universidad cuenta con mecanismos para deslindar responsabilidades e incluso rescindir el contrato si así corresponde. La confianza también se recupera cuando existen consecuencias para quienes no hicieron bien su trabajo.
Pero la responsabilidad no termina ahí. Como sociedad también debemos preguntarnos qué estamos enseñando cuando el éxito parece justificar cualquier medio. Si un joven considera normal hacer trampa para entrar a la universidad, ¿qué impedirá que mañana normalice otras conductas similares en su vida profesional?
La honestidad no puede convertirse en un requisito opcional. La UNAM ha construido durante más de un siglo un prestigio basado en el mérito académico. Ese prestigio no puede ponerse en riesgo por un proceso fallido ni por quienes decidieron aprovechar sus debilidades.
Recuperar la confianza tendrá un costo. Habrá molestias, críticas e incluso litigios. También habrá jóvenes honestos que deberán volver a presentar un examen sin haber cometido ninguna falta. Es una carga injusta para ellos, pero probablemente sea el precio de restablecer la certeza de un proceso que quedó marcado por las irregularidades.
En esta historia hubo errores institucionales, posibles incumplimientos contractuales y miles de personas que decidieron actuar deshonestamente. Todos esos elementos deben analizarse con la misma exigencia. Porque, al final, el verdadero examen no era únicamente el de conocimientos.
Era el de integridad. Y ese, como sociedad, todavía tenemos que aprender a aprobar.