Jair FigueroaEn la Cámara de Diputados avanza el análisis de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano al agua, frenar el acaparamiento del recurso y asegurar su uso adecuado. En este proceso legislativo destaca la participación del diputado federal Ulises Mejía Haro, integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, quien subraya que la actualización legal debe proteger también la producción de alimentos en México.
Un debate técnico y social en San Lázaro
Las comisiones legislativas han realizado reuniones, foros y mesas de trabajo con especialistas, productoras y productores agropecuarios. El análisis busca construir un marco jurídico integral que fortalezca la rectoría del Estado y evite prácticas que desvíen el agua hacia fines no autorizados.
Aportaciones desde la Comisión Rural
Ulises Mejía Haro detalló que las propuestas incorporadas responden a preocupaciones expresadas por agricultores, ganaderos, académicos y representantes de diversos grupos parlamentarios. Explicó que la reforma debe reconocer la interdependencia entre el derecho humano al agua y la producción alimentaria, argumentando que sin agua suficiente para el campo es imposible garantizar una alimentación adecuada, como lo establece el artículo 4º constitucional.
Ampliación del concepto de derecho humano al agua
Uno de los avances más relevantes es la ampliación del concepto de derecho humano al agua.
Usos esenciales reconocidos
Además del uso humano y doméstico, se incorporan como esenciales los usos:
- Agrícola
- Pecuario
- Acuícola
Estos se consideran indispensables para la seguridad alimentaria y la salud pública, y se establecen prioridades claras: primero el uso humano y doméstico; después los usos agroalimentarios que garantizan la producción de alimentos.
Inversión para tecnificar el riego
El proyecto plantea una inversión histórica destinada a:
- Reducir el desperdicio en sistemas de riego obsoletos
- Rehabilitar y modernizar distritos de riego
- Promover el saneamiento y reuso de aguas residuales
- Impulsar mayor eficiencia hídrica y productividad
Ulises Mejía Haro destacó que estas medidas permitirán aumentar la disponibilidad de agua, disminuir pérdidas y apoyar a miles de familias rurales.
Certeza jurídica para usuarios y productores
En materia de seguridad jurídica, el dictamen incorpora ajustes clave para los usuarios del recurso.
Sucesión de concesiones
Se mantiene el reconocimiento a la sucesión de concesiones por fallecimiento del titular en los mismos términos en que fueron otorgadas, lo que evita incertidumbre para las familias propietarias.
Respeto a volúmenes concesionados
Los volúmenes de agua seguirán siendo respetados conforme a sus usos autorizados, lo que otorga estabilidad para la planeación de ciclos productivos.
Vínculo entre tierra y concesión
Se refuerza la relación entre el título de concesión y la tierra en operaciones de compraventa de predios agrícolas y ganaderos. El nuevo propietario conservará la concesión dentro de la misma cuenca o acuífero, evitando la pérdida de derechos por trámites administrativos o interpretaciones ambiguas.
Mejoras administrativas impulsadas por Ulises Mejía Haro
El diputado federal destacó otras modificaciones relevantes.
Prórrogas con mayor anticipación
Se amplía el plazo para solicitar prórrogas hasta tres años antes del vencimiento de la concesión. Esto reduce discrecionalidad, evita negativas fictas y ofrece certidumbre a quienes dependen del agua para actividades productivas.
Respeto a trámites en curso
El Sexto Transitorio fue corregido para asegurar que ningún trámite vigente resulte afectado, respetando el principio de no retroactividad de las leyes.
Ajustes en materia penal
Se eliminaron artículos que duplicaban delitos ya contemplados en el Código Penal Federal, con el fin de garantizar coherencia normativa y evitar sanciones redundantes.
Mesa permanente para un proceso incluyente
El análisis legislativo mantiene una mesa de trabajo con productoras y productores agropecuarios, autoridades federales y legisladores; un espacio coordinado con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El propósito es fortalecer la seguridad hídrica del campo, establecer reglas claras y garantizar que las leyes se adapten a la compleja realidad del país.
Ulises Mejía Haro destacó que el dictamen avanza hacia un marco jurídico equilibrado, técnicamente sólido y socialmente responsable que protege tanto el derecho humano al agua como la actividad productiva que sostiene la alimentación de millones de familias mexicanas.
La discusión sobre la Ley General de Aguas avanza con ajustes que buscan garantizar el acceso equitativo al recurso, proteger la producción alimentaria y dar certeza jurídica a quienes dependen del agua para vivir. El papel de legisladores como Ulises Mejía Haro y de los sectores involucrados será determinante para construir un marco legal sostenible y justo.
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