Jair FigueroaDurante los primeros meses del actual gobierno de Donald Trump, México fue considerado por altos funcionarios de Washington como un posible escenario para acciones militares bajo el argumento del combate al narcotráfico; sin embargo, la cooperación del gobierno mexicano en seguridad y migración llevó a que esa presión se desplazara hacia Venezuela, ahora con una narrativa centrada en el control del petróleo. Así lo revelan reportes periodísticos publicados este mes por medios estadounidenses y retomados por la prensa mexicana.
De acuerdo con información difundida por La Jornada y un reportaje del Washington Post, al inicio de la administración Trump se discutió en la Casa Blanca la posibilidad de emprender operaciones militares directas contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. La propuesta formaba parte de una estrategia más amplia denominada internamente como una nueva “guerra contra las drogas”.
México en los primeros planes de seguridad de Washington
Las discusiones fueron impulsadas principalmente por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales arquitectos de las políticas antimigrantes de Trump. Según el Washington Post, Miller y su equipo exploraron escenarios que incluían ataques directos contra presuntos grupos criminales en México, bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Estas evaluaciones se dieron en un contexto de alta tensión bilateral, marcado por el aumento de la migración irregular y la crisis del fentanilo en territorio estadounidense. Sin embargo, las propuestas no se tradujeron en acciones concretas, en parte por el riesgo diplomático y por la respuesta del gobierno mexicano.
La cooperación mexicana cambia la estrategia
Los reportes señalan que la estrategia comenzó a modificarse conforme avanzaron los primeros meses del gobierno de Trump. El descenso en los cruces migratorios y el incremento de la cooperación de México en materia de control fronterizo y combate al tráfico de drogas influyeron en la reevaluación de los planes iniciales.
Funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post reconocieron que la colaboración bilateral alcanzó niveles “no vistos en mucho tiempo”, lo que llevó a Washington a replantear su enfoque. En ese contexto, la presión militar dejó de centrarse en México y se trasladó hacia Venezuela, país al que la Casa Blanca comenzó a señalar como un objetivo prioritario.
El viraje hacia Venezuela
El desplazamiento de la presión hacia Venezuela coincidió con una narrativa más agresiva por parte de funcionarios cercanos a Trump. Miller consolidó una alianza con el secretario de Estado Marco Rubio y con el asesor antiterrorista Sebastian Gorka, quienes promovieron una postura de mayor confrontación contra el gobierno venezolano.
Según La Jornada, este bloque interno impulsó opciones militares que incluyeron ataques contra embarcaciones en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. No obstante, el propio Trump terminó por reconocer públicamente que el objetivo central de la presión era el petróleo venezolano.
Del discurso antidrogas al petróleo
Tras anunciar un bloqueo naval contra Venezuela, Trump abandonó gradualmente la narrativa de la lucha antinarcóticos y afirmó que la industria petrolera venezolana debía “regresar” a manos estadounidenses. Miller respaldó esta postura en redes sociales, al asegurar que dicha industria fue creada con inversión y trabajo de Estados Unidos.
Estas declaraciones generaron controversia y fueron objeto de verificaciones de datos y correcciones, incluso dentro de la plataforma X, lo que evidenció las tensiones y contradicciones en el discurso oficial de Washington.
Presión política paralela sobre México
Aunque el foco militar se desplazó hacia Venezuela, México no quedó fuera del radar político. Esta semana, la congresista republicana María Salazar convocó a una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para analizar la relación de México con América Latina.
Durante la sesión, Salazar criticó la política exterior mexicana, cuestionó el apoyo energético a Cuba y sugirió que algunas acciones podrían contravenir el T-MEC. También lanzó señalamientos contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de mantenerse al margen de temas regionales.
Pese a la dureza del discurso, la audiencia tuvo escasa asistencia legislativa y el Departamento de Estado evitó enviar a funcionarios de alto nivel. No obstante, reconoció la cooperación mexicana en seguridad, aunque acompañada de nuevas exigencias.
Nuevas demandas y escenario regional
Funcionarios estadounidenses plantearon solicitudes adicionales, como un mayor presupuesto mexicano para operaciones antinarcóticos, más presencia de fuerzas en la frontera y una coordinación más estrecha con China para frenar el tráfico de precursores químicos del fentanilo.
Analistas citados por La Jornada advierten que, aunque estas audiencias no generan efectos inmediatos, reflejan un cabildeo constante de legisladores alineados con Stephen Miller, lo que implica una presión creciente sobre México en el tablero regional y en su posicionamiento frente a Venezuela y Cuba.
En este contexto, la relación bilateral se mueve entre la cooperación pragmática y las tensiones políticas, mientras Washington redefine sus prioridades de seguridad en el hemisferio occidental.