La defensora de derechos humanos Ruth López fue trasladada este sábado de forma arbitraria al penal de Izalco, una cárcel de alta seguridad ubicada en el occidente de El Salvador. La ONG Cristosal, donde López dirige la unidad anticorrupción, denunció que la medida violó una orden judicial que recomendaba mantenerla en una delegación policial por motivos de salud.
López fue detenida el pasado 18 de mayo, acusada por la Fiscalía General de la República de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, diversas organizaciones internacionales consideran que su detención forma parte de una ofensiva del gobierno de Nayib Bukele contra voces críticas y defensores de derechos humanos.
Traslado sin aviso a Izalco
Desacato judicial y condiciones severas
Según informó Cristosal en un comunicado, Ruth López fue sacada de la delegación de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador y llevada sin aviso previo a la prisión de Izalco, a unos 70 km de la capital. Esta cárcel es conocida por albergar internos de alta peligrosidad y por sus condiciones restrictivas.
La organización denunció que el traslado se realizó en contra de una orden judicial vigente, la cual establecía que la abogada debía permanecer en la delegación debido a afecciones de salud que requieren atención médica especializada.
“Denunciamos el traslado arbitrario de Ruth López a Izalco y su incomunicación con su familia y defensa legal”, declaró Cristosal. Además, lamentaron que los familiares no hayan podido entregarle los medicamentos que necesita.
Preocupación internacional por su seguridad
Apoyo de la ONU y la CIDH
Diversas entidades internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado su preocupación por la situación de López.
La CIDH confirmó que tramita medidas cautelares a su favor, mientras que Amnistía Internacional la ha catalogado como “presa de conciencia”, al considerar que su detención responde a motivos políticos más que a pruebas legales contundentes.
Expertos independientes de la ONU han solicitado al gobierno salvadoreño garantizar su integridad física y emocional, y permitir que su defensa pueda comunicarse de manera regular con ella.
Perfil de Ruth López
Activista, investigadora y crítica del gobierno
Ruth López, de 47 años, ha sido una de las principales voces en El Salvador en materia de anticorrupción. En Cristosal, ha liderado investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante el actual gobierno, particularmente en temas relacionados con compras públicas, seguridad y uso de fondos de emergencia.
También ha prestado asesoría legal a comunidades afectadas por desalojos y ha defendido a migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos que fueron recluidos en centros salvadoreños.
Su labor crítica la convirtió en blanco frecuente de descalificaciones por parte de funcionarios del gobierno y de medios cercanos al oficialismo. En entrevistas anteriores, López denunció una escalada de persecución judicial contra quienes cuestionan las políticas de seguridad del presidente Bukele.
Detenciones preocupantes en El Salvador
El caso de Ruth López no es aislado. En el último mes, han sido arrestados otros activistas, como un abogado ambientalista, un líder comunal y un constitucionalista que ha calificado al presidente Bukele como “dictador”. Estas detenciones generan alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven un patrón de criminalización hacia la disidencia.
¿Qué sigue para Ruth López?
Su traslado a Izalco representa un giro preocupante. Organizaciones como Cristosal temen que el objetivo sea presionar psicológicamente a la abogada o dificultar su defensa legal.
Por ahora, se desconoce si habrá nuevas audiencias o si se permitirá la visita de organismos internacionales a la prisión. El gobierno salvadoreño no ha emitido declaraciones sobre el motivo del traslado ni ha respondido a las críticas internacionales.
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