Filiberto Cruz MonroyLos trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido irse a paro indefinido en protesta por la propuesta de Reforma Judicial que está en discusión en la Cámara de Diputados. Este hecho marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que el personal del Alto Tribunal detiene sus funciones de manera oficial, en contraste con las suspensiones anteriores, que habían sido causadas por eventos externos como la pandemia de COVID-19.
En un comunicado oficial, la SCJN informó que la mayoría de los integrantes de su personal votaron a favor de la suspensión de labores debido a la Reforma Judicial en debate. El comunicado precisa que las acciones futuras relacionadas con el paro serán comunicadas en breve, señalando que esta medida busca manifestar el rechazo hacia la reforma propuesta.
El paro indefinido cuenta con el respaldo de 951 trabajadores, mientras que 116 se opusieron y cinco se abstuvieron. Los resultados de la votación fueron entregados a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, quien se encuentra al tanto de la situación y de las demandas del personal del tribunal.
Este martes, la Cámara de Diputados está programada para iniciar la discusión de la Reforma Judicial, que incluye propuestas para elegir a ministros, magistrados y jueces por voto popular. La reforma contempla la participación de 11,220 candidatos para estos cargos, una cifra que ha generado preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial.
En un esfuerzo adicional para mostrar su desacuerdo, los empleados del Poder Judicial de la Federación han cerrado los accesos viales a la Cámara de Diputados. El bloqueo comenzó a las 5:00 horas y está siendo liderado por trabajadores de la sede del Palacio de Justicia de San Lázaro, como una forma de presionar para detener la discusión y eventual aprobación de la reforma.
Los trabajadores del Poder Judicial argumentan que la reforma propuesta amenaza la carrera e independencia judicial al sugerir la elección popular de los jueces y magistrados, lo cual, según ellos, podría socavar la estabilidad y autonomía del sistema judicial en México. La medida busca proteger el carácter imparcial del Poder Judicial y evitar cambios que consideran perjudiciales para su funcionamiento.