Testigos confirman que el migrante mexicano asesinado no intentó embestir a agentes del ICE durante un operativo en Estados Unidos. Los sobrevivientes que acompañaban a Lorenzo Salgado Araujo rompieron el silencio desde el centro de detención donde esperan su proceso de deportación. Las declaraciones publicadas por el diario internacional The Washington Post contradicen la versión oficial de las autoridades fronterizas. De acuerdo con los testimonios escritos, el conductor mexicano nunca utilizó el vehículo de trabajo como un arma de ataque. Las víctimas denunciaron que los oficiales federales abrieron fuego de forma inmediata desde los costados.
Testigos desmienten la versión oficial del tiroteo migratorio
La investigación en torno a la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo dio un giro tras las revelaciones de sus acompañantes. El abogado defensor Hugo Balderas-Ibarra recopiló las declaraciones escritas de los trabajadores que permanecen bajo custodia federal estadounidense. El litigante afirmó de forma directa que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) falsearon los reportes del incidente. Los migrantes sostienen que la agresión armada ocurrió sin que mediara provocación física por parte del chofer de la unidad.
José Trinidad Rojas, uno de los detenidos de cincuenta y un años, describió la posición real de los tiradores. El testigo redactó que resulta imposible la existencia de un peligro de atropello para los elementos policiales. Las declaraciones ministeriales compartidas al rotativo estadounidense señalan que ningún agente se colocó frente o detrás de la furgoneta. Los efectivos permanecieron resguardados en los flancos laterales mientras accionaban sus armas de fuego contra las portezuelas del auto.
La reconstrucción de los hechos indica que la camioneta de los trabajadores se detenuvo inicialmente en un semáforo. En ese punto, un vehículo civil sin logotipos oficiales comenzó el seguimiento táctico de forma sospechosa. Al cambiar la luz a verde, el coche encubierto aceleró para cerrarle el paso de forma abrupta al conductor mexicano. Salgado Araujo ejecutó una vuelta en U para resguardar a su equipo al suponer que se trataba de un asalto.
Fue en ese momento cuando las autoridades encendieron los códigos luminosos de las patrullas para iniciar el cerco. Los tripulantes afirmaron ante su defensa jurídica que la furgoneta avanzaba a menos de ocho kilómetros por hora. Las patrullas del ICE impactaron sus defensas contra la unidad laboral, inmovilizándola por completo antes de los disparos fatales. Los testimonios descartan que el automotor de las víctimas fuera utilizado como un arma de ataque.
El abuso policial y la falta de grabaciones del tiroteo fronterizo
El desarrollo del tiroteo dejó al descubierto las irregularidades procedimentales de los agentes federales en sus labores. Un oficial descendió del vehículo encubierto, corrió hacia la zona de pasajeros y accionó su arma contra el conductor. El hermano de la víctima mortal, Víctor Salgado, declaró que sintió la onda expansiva del proyectil de calibre oficial. El agente apuntó el cañón de la pistola directamente a la altura de su rostro mientras continuaba el ataque.
A pesar de que el chofer herido logró estacionar la furgoneta para rendirse, las detonaciones prosiguieron desde la periferia. Los uniformados sacaron a Salgado Araujo de forma violenta del asiento delantero para arrojarlo al suelo boca abajo. Posteriormente, los oficiales colocaron candados de manos y pies a los sobrevivientes que solicitaban auxilio médico urgente. Víctor Salgado denunció que uno de los agentes emitió comentarios de burla mientras su familiar perdía la vida.
Las organizaciones civiles internacionales enfrentan severas dificultades para esclarecer el homicidio debido a la falta de herramientas tecnológicas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó de manera oficial que los involucrados no portaban cámaras de solapa corporales. La dependencia estadounidense justificó la omisión argumentando que el equipamiento digital se entregará a los destacamentos durante los próximos sesenta días.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) mantiene una búsqueda activa de grabaciones comerciales para documentar las violaciones. La agrupación civil ofreció una recompensa económica de cinco mil dólares a los ciudadanos que aporten videos nítidos del suceso. Las grabaciones de los negocios locales obtenidas hasta el momento muestran bloqueos visuales causados por las patrullas. Las indagatorias continuarán bajo la supervisión de los representantes consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El reporte donde se aclara que el mexicano asesinado no intentó embestir a los oficiales expone la gravedad del caso. Las evidencias presentadas por la defensa legal de los migrantes ponen en entredicho los protocolos de uso de la fuerza. La falta de transparencia por la ausencia de cámaras de solapa agrava la desconfianza hacia las agencias de inmigración. Corresponde ahora a las autoridades judiciales de Estados Unidos realizar una investigación transparente que deslinde las responsabilidades penales.
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