Jair FigueroaLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el caso de huachicol fiscal relacionado con la importación irregular de 21.5 millones de litros de diésel, con un daño estimado de 173 millones de pesos al erario, para determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) tiene la facultad de representar el interés fiscal en delitos de contrabando.
La decisión del máximo tribunal surge tras la solicitud de atracción presentada por el ministro Irving Espinosa Betanzo, en un caso que involucra al empresario Edgar Marín Meza Moreno, acusado de declarar solo una parte del combustible importado en 2019. La Corte deberá resolver si el SAT tiene legitimidad para intervenir legalmente o si dicha responsabilidad recae exclusivamente en la ANAM, tras los cambios regulatorios en materia aduanera.
El caso se originó luego de que un Tribunal Colegiado revocara la vinculación a proceso del empresario, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no dio participación a la ANAM, institución que asumió funciones aduaneras anteriormente a cargo del SAT. Esta omisión procesal abrió la posibilidad de que el caso se debilite o incluso se caiga por cuestiones legales.
De acuerdo con la investigación, entre el 4 y el 18 de octubre de 2019, el buque Atlantic Bay ingresó al país con 28.7 millones de litros de diésel, pero únicamente se declararon 7.2 millones. El volumen restante habría sido comercializado sin cumplir con las obligaciones fiscales, evitando el pago de impuestos como IEPS, IVA y derechos aduaneros, lo que generó un perjuicio millonario para las finanzas públicas.
La resolución de la SCJN será clave no solo para este caso en particular, sino también para sentar un precedente sobre la coordinación entre instituciones fiscales en México. Expertos advierten que una definición clara evitaría vacíos legales que podrían ser aprovechados en futuros casos de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, un fenómeno que continúa representando un reto para la recaudación y la legalidad en el país.
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