Filiberto Cruz MonroyLa crisis política y judicial que rodea al gobierno de Sinaloa dejó de ser un problema local para convertirse en un conflicto binacional que escala cada semana y que amenaza con arrastrar a más funcionarios mexicanos. Lo más preocupante es que Estados Unidos ya dejó claro que no piensa detenerse.
Mientras en México todavía se debate si existen elementos suficientes para actuar contra integrantes del círculo político de Rubén Rocha Moya, del otro lado de la frontera las autoridades estadounidenses avanzan sin pausa. Las acusaciones ya no son rumores, filtraciones o simples versiones periodísticas: hoy hay funcionarios detenidos, cuentas congeladas, expedientes abiertos y una presión diplomática que crece conforme Donald Trump endurece su discurso.
La entrega de Gerardo Mérida Sánchez representa un golpe devastador para el gobierno sinaloense. No se trata de cualquier funcionario. Fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general de división retirado y pieza clave dentro de la estructura de seguridad estatal. Hoy está preso en Nueva York, acusado de recibir presuntamente 100 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” para permitir operaciones de narcotráfico.
El dato más delicado no es únicamente la acusación. Lo verdaderamente alarmante es que, según diversas versiones, Mérida no fue capturado mediante un operativo espectacular, sino que habría pactado entregarse. Es decir: un hombre que conocía perfectamente las estructuras de seguridad mexicanas terminó bajo custodia estadounidense por voluntad propia.
Y no fue el único.
También Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y hombre cercano a Rocha Moya, terminó entregándose a las autoridades norteamericanas. Después de buscar convertirse en testigo colaborador y tras intentar negociar con el Departamento de Justicia, terminó en Nueva York para enfrentar cargos relacionados con investigaciones sobre “Los Chapitos”.
Aquí aparece una pregunta inevitable para el gobierno mexicano: ¿de qué sirvió defender políticamente a estos personajes si terminaron entregándose solos a Estados Unidos?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier proceso debe seguir mecanismos legales y cooperación bilateral. Sin embargo, los hechos muestran que Washington ya tomó la iniciativa y avanza sin esperar los tiempos políticos mexicanos. Mientras Palacio Nacional intenta contener el impacto mediático, Estados Unidos ya exhibió a exfuncionarios y mantiene investigaciones abiertas contra una red política completa.
El problema es que el caso ya no se limita a exsecretarios. Rubén Rocha Moya aparece directamente señalado en acusaciones estadounidenses relacionadas con presuntos acuerdos de protección e impunidad. El congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la UIF y la CNBV demuestra que incluso dentro del gobierno mexicano existe conciencia de la gravedad del asunto.
La pregunta ahora es cuánto tiempo podrá sostenerse políticamente Rocha Moya antes de que la presión internacional haga inevitable una acción judicial más contundente.
La Fiscalía General de la República enfrenta una decisión crítica: actuar primero o permitir que Estados Unidos vuelva a exhibir la incapacidad mexicana para procesar a sus propios funcionarios.
Porque si Washington logra detener antes que México a un gobernador señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, el golpe institucional sería histórico. El escenario se vuelve todavía más complejo con Enrique Inzunza Cázares. A diferencia de otros implicados, el senador cuenta con fuero constitucional. Eso convierte cualquier intento de acción judicial en un proceso político altamente delicado. No basta con señalarlo. Para proceder contra él tendría que abrirse un mecanismo legislativo que inevitablemente desataría una guerra política nacional.
Y mientras México calcula costos políticos, Donald Trump endurece posiciones. El gobierno estadounidense ya advirtió que seguirá presentando acusaciones contra funcionarios y gobernadores presuntamente relacionados con el crimen organizado. La nueva estrategia del Departamento de Justicia apunta directamente a políticos mexicanos bajo el argumento de combate al terrorismo y narcotráfico.
Ese es el verdadero riesgo para México: Trump se vuelve cada vez más impredecible y más agresivo políticamente. Lo que hoy son acusaciones judiciales mañana podría convertirse en presiones económicas, amenazas diplomáticas o decisiones unilaterales que compliquen todavía más la relación bilateral.
La situación de Sinaloa dejó de ser únicamente un expediente criminal. Ahora es un conflicto político internacional que puede redefinir la relación entre ambos gobiernos y exhibir hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos cuando considera que México no actúa con suficiente rapidez.
Y en medio de todo, el tiempo empieza a agotarse.