Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que, según la información con la que cuenta, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa “está por cumplir su condena”, luego de ser sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante La Mañanera del Pueblo, realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre la situación jurídica del exmandatario veracruzano, detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México ese mismo año.
“Eso es lo que me informaron y no tengo conocimiento de si tiene algún otro proceso abierto o no, pero lo que me informan es que está por cumplir su condena que fue hace tiempo, más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad”, declaró la mandataria.
El caso de Javier Duarte
El exgobernador priista de Veracruz fue uno de los símbolos más visibles de la corrupción política en México. Durante su gestión (2010–2016) fue acusado de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y desvío millonario de recursos.
En 2017 fue detenido en Guatemala, tras permanecer prófugo durante seis meses, y posteriormente extraditado a México. Un año después, en 2018, fue sentenciado a nueve años de prisión luego de aceptar los cargos mediante un procedimiento abreviado.
La posible liberación anticipada de Duarte ha generado una fuerte polémica política y social, pues diversos sectores consideran que su salida de prisión sería una afrenta al pueblo veracruzano y un golpe a la confianza en la justicia.
Controversia por una posible liberación
En los últimos días, medios nacionales han informado que el exgobernador podría acceder a beneficios penitenciarios al haber cumplido una parte significativa de su condena.
Esta posibilidad ha despertado críticas de actores políticos y ciudadanos, quienes consideran que liberar a Duarte “antes de tiempo” sería un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Analistas destacan que, aunque el exmandatario purgó la pena impuesta, aún enfrenta investigaciones pendientes por delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos durante su administración.
Sin embargo, Sheinbaum aclaró que no tiene información oficial sobre la existencia de procesos abiertos en su contra, reiterando que el Poder Judicial es el encargado de definir su situación jurídica.
Sheinbaum: “El juicio moral ya está hecho”
Durante su conferencia, la presidenta subrayó que, independientemente de lo que determinen las instancias judiciales, la sociedad mexicana ya emitió un juicio ético y moral sobre la actuación del exgobernador.
“Más allá de la sanción jurídica, hay una sanción moral. La gente sabe quién es quién”, expresó Sheinbaum.
El comentario fue interpretado como un intento de desmarcar al gobierno federal de cualquier decisión judicial relacionada con la posible liberación de Duarte, manteniendo la separación de poderes como principio rector.
Contexto: corrupción y justicia en México
El caso de Javier Duarte vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la eficacia del sistema judicial mexicano en el combate a la corrupción.
De acuerdo con datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126 de 180 países, lo que refleja la persistencia de problemas estructurales en la rendición de cuentas.
Expertos coinciden en que casos como el de Duarte “representan una prueba” para las instituciones encargadas de aplicar la justicia y evaluar si el país ha avanzado realmente en materia de impunidad y corrupción política.
Reacciones políticas y ciudadanas
Figuras de oposición criticaron que el tema se maneje con “indiferencia” desde el gobierno federal. Algunos legisladores exigieron que el caso se revise a fondo para evitar una posible liberación sin que se haya reparado el daño al erario.
En redes sociales, ciudadanos expresaron indignación y desconfianza ante la posibilidad de que Duarte recupere su libertad, recordando los escándalos de corrupción y desvío de recursos ocurridos durante su mandato.
A casi ocho años de su detención, Javier Duarte sigue siendo un símbolo del abuso de poder y de la impunidad.
Aunque su condena formal podría estar por cumplirse, la sanción moral de la sociedad mexicana permanece intacta.
El caso ahora está en manos del Poder Judicial, que deberá determinar si el exgobernador puede o no recuperar su libertad.
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