RedacciónLa presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta de un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos en Estados Unidos, presentada por senadores republicanos. La mandataria aseguró que esta medida es discriminatoria y viola el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.
Contexto del impuesto
El 16 de mayo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum pidió a los migrantes mexicanos enviar cartas a sus congresistas en Estados Unidos para expresar su rechazo a la propuesta. Señaló que imponer un gravamen adicional a las remesas significaría doble tributación, pues estos ingresos ya son gravados en Estados Unidos.
Críticas al gravamen
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que el impuesto violaría el principio de no discriminación del Tratado de Doble Tributación. “Los flujos que envían los paisanos a sus familias ya fueron gravados”, afirmó.
Impacto económico de las remesas
En 2024, las remesas a México alcanzaron 64 mil 700 millones de dólares, representando el 3.5% del PIB. Estas transferencias son una fuente crucial de ingresos para millones de familias mexicanas, especialmente en estados como Chiapas y Guerrero, donde representan hasta el 16% y 14% del PIB estatal, respectivamente.
El proyecto «The One, Big, Beautiful Bill»
La propuesta fue presentada por senadores republicanos bajo el nombre de «The One, Big, Beautiful Bill». Este proyecto plantea un impuesto del 5% sobre el monto total de las remesas enviadas a México, el cual ya fue aprobado en una comisión y espera ser discutido en el pleno del Senado estadounidense.
Reacciones del gobierno mexicano
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el embajador Esteban Moctezuma se reunirá con congresistas estadounidenses para defender la posición de México y evitar la aprobación de la medida. Además, se ha enviado una carta oficial a la Cámara de Representantes explicando los argumentos legales y económicos contra el impuesto.
Posición de México
México sostiene que la medida es discriminatoria, pues afectaría principalmente a los migrantes mexicanos, quienes ya pagan impuestos en Estados Unidos. El gobierno también argumenta que el impuesto violaría tratados internacionales y afectaría la economía de miles de familias mexicanas.
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