RedacciónLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que con la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se terminaron los privilegios” que históricamente habían disfrutado las y los ministros.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que se han cancelado 59 de 149 apoyos administrativos considerados de “carácter no oficial”, que iban desde la compra de regalos y boletos de avión hasta la contratación de servicios de jardinería, inscripciones escolares y la obtención de coronas para fines funerarios, todos costeados por el Poder Judicial de la Federación (PJF).
“En el área de atención a ministras y ministros que han cancelado, se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial de 149 que existían. Sí, se acabaron los privilegios en la nueva corte”, declaró Sheinbaum con tono enfático. La presidenta reveló que, tras la reciente conferencia del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe detallado sobre los beneficios otorgados a los magistrados, cuyo contenido hizo público.
La lista de servicios eliminados, leída por Sheinbaum, resultó extensa y generó reacciones por su minuciosidad y carácter personal. Entre los apoyos cancelados se encuentran: monitoreo de paquetería, trámites bancarios personales, apoyo hospitalario privado, compra de boletos de avión y reservación de hospedaje, mantenimiento de jardines en domicilios particulares, compra de flores y coronas funerarias, inscripción de familiares en escuelas, pago de colegiaturas y gestión de becas, contratación de meseros y servicio de valet parking para eventos privados, e incluso la gestión para conseguir “especialistas en reparación de electrodomésticos” y “servicio de gas”.
“También sale que gastaron no sé cuánto en togas, pero no decían nada antes de lo que ganaba cada ministro y cada ministra, ¿verdad?”, cuestionó Sheinbaum, contrastando los cuestionados gastos en indumentaria con la opacidad anterior sobre los ingresos y prestaciones totales de los integrantes del máximo tribunal.
La revelación se enmarca en la estrategia de austeridad y combate a la “corrupción heredada” que el gobierno federal ha promovido como estandarte, particularmente dirigida hacia poderes autónomos e instituciones que considera opacas y privilegiadas. La renovación integral de la SCJN en 2025, que llevó a la elección de 11 nuevas ministras y ministros, fue promovida desde el Ejecutivo como una oportunidad para “despolitizar” y “moralizar” al Poder Judicial.
Sin embargo, críticos y observadores señalan que este anuncio, más que sobre la nueva Corte, es un señalamiento directo a la gestión anterior del PJF y a los ministros que integraron la Corte durante las últimas décadas, acusados de permitir y normalizar una cultura de privilegios y gastos discrecionales con recursos públicos. La transparencia forzada busca, según analistas, construir una narrativa de ruptura con el pasado y justificar la profunda intervención en la independencia judicial que representó el cambio masivo de sus integrantes.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, no se había pronunciado de inmediato sobre los señalamientos de la presidenta. No obstante, se espera que el Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo del PJF, emita un comunicado detallando las reformas a los reglamentos internos que habilitaron estas cancelaciones. El impacto real de la medida en la imagen pública de la Corte y en la percepción de independencia judicial será evaluado en los próximos meses, en un contexto donde la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial sigue bajo intenso escrutinio.
Para el gobierno de Sheinbaum, este episodio refuerza su discurso de austeridad republicana y atención a los detalles del gasto, aunque sus detractores lo ven como un ejercicio de distracción de problemas más urgentes y una forma de ejercer presión política sobre el único poder que puede contrapesar sus iniciativas. La “nueva Corte”, libre de estos privilegios, tendrá ahora el reto de demostrar que su legitimidad y autonomía se sustentan en sus fallos, no solo en su disciplina administrativa.
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