La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno revisa la posibilidad de mover la elección judicial 2028 por razones económicas.
“La estamos analizando, tiene que ver con recursos”, declaró en Palacio Nacional.
Explicó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ya sostuvo reuniones con el INE para evaluar el impacto.
El objetivo es determinar si existen condiciones presupuestales para llevar a cabo el proceso en 2027 o si conviene aplazarlo.
Sheinbaum también advirtió que cualquier cambio requerirá una reforma constitucional.
Esto implica que el Congreso deberá aprobar modificaciones antes de que se concrete el ajuste.
Iniciativa de morena busca mover la elección judicial
El análisis de la elección judicial 2028 surge a partir de una iniciativa presentada por legisladores de Morena.
La propuesta plantea que la elección de personas juzgadoras se realice el primer domingo de junio de 2028.
Actualmente, el calendario establece que este proceso se llevaría a cabo en 2027.
La intención es empatar la elección judicial con otros procesos electorales y optimizar recursos.
La iniciativa fue impulsada por diputados y senadores de Morena, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar y Olga Sánchez Cordero.
El proyecto ya fue turnado para su análisis en el Congreso.
Cambios en requisitos para jueces y magistrados
La iniciativa no solo contempla modificar la fecha de la elección.
También propone cambios en los requisitos para quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial.
Uno de los ajustes más relevantes es la incorporación de una certificación obligatoria de competencias.
Esta certificación será emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Nuevos criterios de elegibilidad
El proyecto elimina la exigencia de promedios académicos específicos.
Además, establece restricciones para evitar conflictos de interés.
No podrán ser jueces o magistrados quienes hayan ocupado cargos políticos recientes.
Esto incluye secretarías, fiscalías, diputaciones o presidencias municipales.
También se prohíbe la participación de personas con cargos partidistas recientes.
Impacto en la suprema corte y el sistema judicial
La propuesta también plantea ajustes en los requisitos para ministros de la Suprema Corte.
De los 10 años de experiencia profesional requeridos, al menos cinco deberán ser dentro del Poder Judicial para algunos perfiles.
Para otros ministros, no será obligatoria la experiencia judicial previa.
Estos cambios buscan modificar el perfil de quienes integran el máximo tribunal del país.
Especialistas señalan que la medida podría cambiar el equilibrio interno del Poder Judicial.
Debate por costos y organización electoral
El posible aplazamiento de la elección judicial ha generado debate por su impacto financiero.
Organizar elecciones implica costos elevados para el Estado mexicano.
Por ello, el gobierno federal analiza si es viable mantener el calendario original.
El diálogo con el INE será clave para definir la viabilidad técnica del proceso.
También se evalúa la logística y la carga operativa de los comicios.
La posible reprogramación de la elección judicial abre un nuevo frente de discusión política en México.
Mientras el gobierno analiza los costos, el Congreso deberá definir si aprueba los cambios constitucionales necesarios.
La decisión final impactará el calendario electoral y la forma en que se renovará el Poder Judicial.
El proceso se mantiene en análisis y podría definirse en los próximos meses.
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