Jair FigueroaEl Senado de la República aprobó este martes, con 110 votos a favor, la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una reforma que endurece las penas contra quienes cometan este delito y que también sanciona a los servidores públicos que no denuncien o faciliten estas actividades criminales. El dictamen, modificado en el Pleno, será enviado nuevamente a la Cámara de Diputados para su revisión final, debido a los cambios realizados.
La reforma incluye modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar uno de los delitos que más afecta a la población y a sectores productivos en todo el país.
Penas más altas para quienes cometan extorsión
Una de las modificaciones más relevantes del dictamen aprobado es el aumento significativo de las penas para quienes sean responsables de extorsión.
Nuevas penas aprobadas
- 15 a 25 años de prisión para personas que cometan extorsión.
Pena que había aprobado previamente la Cámara de Diputados
- 6 a 15 años de prisión, rango que los senadores consideraron insuficiente.
Legisladoras y legisladores señalaron que la pena original “podría beneficiar a personas actualmente condenadas por extorsión”, lo que motivó a aumentar el castigo para evitar reducciones automáticas de condenas y enviar un mensaje claro frente al repunte de este delito en distintas regiones del país.
Obligaciones con enfoque de derechos humanos
Por primera vez en una legislación de este tipo, el Senado incorporó la obligación de que las autoridades actúen con “pleno respeto a los derechos humanos” en todas las etapas de prevención, investigación y sanción, una frase que no formaba parte de la minuta inicial enviada por Diputados.
Este enfoque, argumentaron senadores, busca equilibrar el combate a la delincuencia con estándares constitucionales y evitar abusos por parte de autoridades policiales o ministeriales.
Impacto para las y los servidores públicos
Una parte central de la reforma tiene que ver con las responsabilidades del funcionariado público en los distintos niveles de gobierno.
Quienes no denuncien extorsión
Servidores públicos encargados de prevenir, investigar o perseguir delitos, impartir justicia o vigilar centros penitenciarios enfrentarán:
- 10 a 20 años de prisión si no denuncian ante el Ministerio Público los actos de extorsión de los que tengan conocimiento.
Autoridades que faciliten extorsión
Cuando un servidor público permita o facilite la comisión del delito, enfrentará:
- 15 a 25 años de prisión,
- más un aumento de 3 a 5 años adicionales por conducta agravante.
Nuevas unidades especializadas para investigar extorsión
Para fortalecer las capacidades institucionales, la reforma establece que las fiscalías federales y estatales deberán crear unidades especializadas en la investigación de extorsión, con personal capacitado, evaluado y certificado.
Mientras estas unidades entran en operación, las áreas encargadas del combate al secuestro asumirán temporalmente la responsabilidad de investigar casos de extorsión.
Sanciones específicas dentro de los centros penitenciarios
El dictamen también contempla penas para quienes introduzcan objetos prohibidos en prisiones, especialmente aquellos usados para cometer delitos desde el interior.
Nuevas sanciones
- 6 a 12 años de prisión para quien introduzca dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imágenes sin autorización.
Destino de los recursos decomisados
Los recursos obtenidos mediante procedimientos de extinción de dominio relacionados con extorsión deberán destinarse preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas, con el objetivo de reparar el daño y fortalecer su acceso a la justicia.
¿Qué sigue?
Al haber sido modificada, la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra antes de que la reforma pueda ser promulgada. Si los cambios son aprobados, México contará con una de las leyes más estrictas contra la extorsión en América Latina.
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