Filiberto Cruz MonroyEn una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada del viernes, el Senado de la República aprobó la polémica Ley Anti Amparo con un resultado de 85 votos a favor y 41 en contra. La votación, que incluyó el apoyo de los partidos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se produjo en medio de protestas de la oposición, que incluyó el uso de sirenas para expresar su desacuerdo. Esta nueva legislación se propone blindar las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación de posibles controversias constitucionales.
La Ley Anti Amparo modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que no se podrán impugnar reformas constitucionales a través de controversias o acciones de inconstitucionalidad. Además, limita el uso de amparos, permitiendo que solo beneficien a quienes los soliciten directamente, lo que significa que no podrán ser utilizados para cuestionar reformas aprobadas por el Congreso. Esto ha generado un intenso debate sobre la protección de los derechos constitucionales en el país.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió la medida, afirmando que cumple con un compromiso con el pueblo de México y subrayando que el Poder Judicial debe enfocarse en defender la Constitución en lugar de modificarla. Por otro lado, el senador panista Ricardo Anaya criticó la reforma, señalando que esta iniciativa destruye la Constitución y permite a Morena actuar sin supervisión judicial, lo que podría dar lugar a violaciones de derechos.
Durante el debate, los senadores expresaron posturas encontradas. El senador Óscar Cantón Zetina destacó la importancia de la reforma para salvaguardar la supremacía constitucional, mientras que el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que esta ley genera inseguridad jurídica y debilita el Estado de derecho. En respuesta, Fernández Noroña acusó a la oposición de clasismo y racismo al oponerse a la elección de jueces por voto popular.
La aprobación de esta ley podría tener profundas implicaciones para el Estado de derecho en México, dado que elimina la posibilidad de controlar judicialmente ciertas reformas. La medida ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de los ciudadanos para defenderse de abusos de autoridad, aunque algunos legisladores, como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, han intentado minimizar estas inquietudes, afirmando que la reforma no afecta el acceso al juicio de amparo para los ciudadanos.