Mayte BarriosLa secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo pública una carta «confidencial» que envió el pasado 12 de diciembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, donde hace de su conocimiento la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que otorga el cambio de medida cautelar a los ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa.
El amparo otorgado tiene como fin llevar a cabo una nueva audiencia para el cambio de medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa.
La Secretaría de Gobernación alertó del riesgo que implicaría dejar en libertad condicional a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues podrían incluso huir del país. De ahí que solicitó al Poder Judicial velar por el estado de derecho y garantizar los derechos humanos de las víctimas sancionando a los responsables, para «no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia».
Los militares que habrían recibido la medida cautelar son el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz; los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
En la carta se destaca la importancia y trascendencia para el Estado de este caso y afirmó: «Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho, garantizará los derechos humanos de la víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y justicia».
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que la juez que ordenó liberar a los ocho militares impuso diversas medidas para sustituir la prisión preventiva oficiosa y garantizar que no se den a la fuga, entre ellas presentarse quincenalmente ante el juzgado de Distrito a firmar, exhibir una garantía de 50 mil pesos y la prohibición de salir del país por lo que deberán entregar su pasaporte al juzgado de Distrito donde se lleva su proceso penal.
También, tienen prohibido acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso.