Este martes, presidentes municipales de Guerrero, liderados por Guillermo Matías Marrón (alcalde de Atlixtac), retuvieron a altos funcionarios estatales, incluidos el subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez Cisneros, el titular de la SEG Ricardo Castillo Peña, la secretaria de Salud Alondra García, y el titular de SEPLADER René Vargas Pineda. La exigencia: que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acuda a dialogar sobre un pliego petitorio pendiente, firmado previamente pero sin cumplimiento.
La Marcha que Paralizó la Capital
Cientos de habitantes de comunidades del Circuito Río Azul, Montaña Baja y Valle del Ocotito marcharon desde Petaquillas y Tierras Prietas hacia Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Alrededor de la 1 p.m., convergieron en la explanada del Auditorio Sentimientos de la Nación, donde funcionarios estatales intentaron negociar sin éxito.
La Negativa y la Retención
Ante la insistencia de los manifestantes de que Salgado Pineda se presentara, Rodríguez Cisneros propuso avanzar sin ella, alegando que la mandataria tenía “actividades fuera de Chilpancingo”. La respuesta fue un rotundo “no”. A las 2 p.m., Matías Marrón declaró retenidos a los funcionarios, rodeados por pobladores que les quitaron los toldos de sombra, dejándolos bajo el sol.
Solidaridad Simbólica y Tensión Creciente
En un gesto irónico, el alcalde de Mochitlán, Gerardo Mosso, les prestó su sombrero a los funcionarios, seguido por otros comisarios. Sin embargo, la tensión escaló cuando Rodríguez Cisneros denunció que fue jaloneado por manifestantes, exigiendo respeto a través de un micrófono instalado en la mesa de diálogo.
¿Quiénes Participan?
* Guillermo Matías Marrón (Atlixtac): líder de la protesta.
* Mercedes Carballido Chino (Chilapa): única alcaldesa en respaldar la retención.
* Gerardo Mosso (Mochitlán): figura clave en la simbología de la protesta.
Prospectiva:
La retención de funcionarios marca un punto de quiebre en la relación entre municipios y el gobierno estatal. Si Salgado Pineda no acude, el conflicto podría escalar: más movilizaciones, bloqueos o incluso intervención federal. Sin embargo, si la gobernadora negocia, sentaría un precedente de que la presión social obliga al diálogo. El riesgo para Guerrero es doble: desgaste de la imagen de Salgado y polarización entre comunidades marginadas y el poder central. Mientras, la estrategia de los alcaldes —usar la retención como herramienta política— podría inspirar a otros municipios a replicar tácticas similares, desestabilizando aún más la frágil gobernabilidad en la región.
