Jair FigueroaLa Secretaría de Bienestar (Sebien) decidió cancelar el contrato más importante del programa Salud Casa por Casa luego de que la empresa Médica Teyco incumpliera con los plazos de entrega de insumos médicos esenciales.
El contrato, adjudicado de manera directa el 10 de abril de 2025, tenía un valor de 631 millones de pesos, equivalente al 70% del gasto destinado a insumos médicos durante el primer trimestre del año.
Un contrato clave con retrasos graves
De acuerdo con documentos oficiales, el contrato exigía la entrega, en un plazo máximo de dos semanas, de:
- 16.8 millones de tiras reactivas
- 16.8 millones de lancetas
- 16.8 millones de toallas alcoholadas
- 18 mil oxímetros
- 23 mil colesterómetros digitales
Sin embargo, la empresa apenas cumplió con una fracción del compromiso: 1.7 millones de tiras reactivas y 1.7 millones de lancetas.
El resto de los productos debía importarse desde Italia, China, Estados Unidos y Polonia, lo que, según Teyco, generó demoras en los envíos y trámites aduanales.
Para el 25 de agosto, la Secretaría ya había iniciado el proceso de rescisión, pues el retraso estaba afectando las jornadas médicas de campo.
El 4 de septiembre, la dependencia formalizó la cancelación total del contrato, argumentando que el incumplimiento “limitaba gravemente la capacidad del personal médico para efectuar mediciones clínicas esenciales”.
Impacto directo en la atención médica
El programa Salud Casa por Casa atiende a personas adultas mayores y con discapacidad en sus propios domicilios, con un equipo de 20 mil médicos y enfermeras que dependen de los insumos cancelados para realizar mediciones de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La falta de estos materiales ha detenido parcialmente las visitas y los controles médicos, afectando especialmente a pacientes con diabetes y dislipidemia.
“Las brigadas no pueden continuar sin estos instrumentos, lo que compromete la continuidad de la atención a grupos vulnerables”, reconoció la Sebien en un informe interno.
Un programa con fallas estructurales
El caso exhibe los problemas de gestión y abasto que enfrentan los programas federales del sector salud durante la Cuarta Transformación, especialmente en dependencias que no tienen experiencia en adquisiciones médicas.
A diferencia de la Secretaría de Salud, la Sebien no cuenta con un aparato logístico robusto para licitaciones o compras masivas de insumos clínicos, lo que ha derivado en dependencia de proveedores externos y retrasos en las entregas.
Fuentes consultadas en la administración federal señalaron que esta situación podría retrasar la cobertura nacional del programa, que tenía como meta atender a 2.5 millones de hogares antes de diciembre de 2025.
Falta de supervisión y sobrecostos
El contrato con Médica Teyco fue adjudicado de forma directa, sin concurso público, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Expertos en política social consideran que la cancelación evidencia la falta de planeación técnica y la ausencia de mecanismos de supervisión.
“Cuando programas sociales asumen funciones médicas sin la infraestructura adecuada, se corre el riesgo de fallas como esta”, explicó el analista Armando Ríos Piter.
“Es un ejemplo de cómo las buenas intenciones pueden terminar afectando la salud pública si no hay capacidad de gestión”, añadió.
Revisión y posible reestructuración
La Secretaría de Bienestar informó que se revisarán todos los contratos relacionados con Salud Casa por Casa y que se buscarán nuevos proveedores para garantizar la continuidad del servicio.
No obstante, funcionarios reconocen que la reestructuración podría tardar semanas, lo que afectaría los calendarios de visitas médicas domiciliarias.
Mientras tanto, los equipos médicos esperan nuevos insumos para retomar las mediciones de control en comunidades rurales y zonas marginadas del país.
Un golpe a la confianza ciudadana
La cancelación de este contrato millonario ocurre en un momento en que el Gobierno Federal busca consolidar su modelo de atención directa a la población.
Sin embargo, casos como este podrían debilitar la confianza ciudadana en la eficiencia de los programas sociales y reabrir el debate sobre la capacidad administrativa de la Cuarta Transformación.
La falta de insumos, la centralización de decisiones y la adjudicación directa de contratos vuelven a poner sobre la mesa el dilema entre austeridad y eficacia en el manejo del gasto público.
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