Los trabajadores en México que recibirán utilidades en 2026 podrían tener que pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria si el monto recibido supera el equivalente a 15 días de salario mínimo. El reparto corresponde a ganancias de empresas durante 2025 y deberá pagarse antes del 30 de mayo si el patrón es empresa o 29 de junio si es persona física. La medida busca cumplir con la ley fiscal y garantizar la correcta distribución de utilidades.
El reparto de utilidades es una prestación obligatoria para trabajadores de empresas que hayan obtenido ganancias y presentado su declaración anual ante el SAT en marzo. Para recibir este beneficio, el empleado debió haber trabajado al menos 60 días durante el año fiscal. También aplica para trabajadores que actualmente estén activos en la empresa, aunque existen excepciones como quienes se encuentren en licencia por maternidad o paternidad.
No todos los trabajadores reciben utilidades. La ley establece que quedan fuera directores, gerentes generales, socios, accionistas y profesionistas que trabajen por honorarios sin relación laboral directa. Tampoco están obligadas a repartir utilidades las empresas de reciente creación durante su primer año o instituciones públicas de asistencia social, cultural o beneficencia.
Respecto a los impuestos, el Gobierno de México señala que solo el monto que exceda 15 días de salario mínimo genera ISR, por lo que el trabajador no paga sobre el total recibido. En muchos casos el descuento se debe a que el ingreso adicional puede colocar temporalmente al trabajador en un rango fiscal más alto, lo que incrementa el impuesto retenido en ese periodo.
Las autoridades también aclararon que el SAT no puede quitar las utilidades automáticamente por deudas fiscales personales. Solo en casos de créditos fiscales firmes y mediante procesos legales de embargo podría intervenir cuentas bancarias del contribuyente. Si un trabajador cumple con los requisitos y su empresa no realiza el pago correspondiente, puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para recibir asesoría gratuita o presentar una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
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