RedacciónEl estado de Oaxaca se convirtió este domingo en la primera entidad del país en realizar una consulta estatal de revocación de mandato, un ejercicio inédito para decidir la permanencia del gobernador morenista Salomón Jara Cruz. Sin embargo, el proceso, marcado por múltiples incidentes e irregularidades, resultó no vinculante al no alcanzar el 40% de participación requerido por la ley estatal. Con el 57.96% de los votos emitidos a favor de su continuidad (alrededor de 494 mil votos) y el 39.17% en contra (334 mil votos), Jara mantendrá su cargo, aunque el resultado carece de fuerza legal por el bajo nivel de asistencia a las urnas.
La jornada, organizada en un récord de 35 días por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) con un presupuesto recortado de 99 millones de pesos —frente a los 270 millones solicitados—, confirmó el escepticismo sobre la viabilidad de estos mecanismos de democracia directa sin una campaña intensiva y en plazos cortos. El gobernador Jara, tras votar, criticó el umbral del 40% como “muy alto” y abogó por que cualquier futura revocación sea vinculante con mayoría simple, sin mínimo de participación, una postura que alimentará el debate nacional sobre la reforma político-electoral.
El conteo final, aún con 2,738 actas pendientes de procesar a primera hora del lunes, dejó claro que el requisito de participación era la verdadera barrera. A pesar de que una mayoría clara de los que votaron apoyó a Jara, la abstención masiva fue el veredicto más contundente, reflejando posiblemente desconocimiento, desinterés o desconfianza en el proceso mismo. La boleta planteaba una pregunta única: “¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”.
La logística del proceso, pese al esfuerzo técnico del IEEPCO y la colaboración del INE, se vio empañada por 524 incidentes reportados a lo largo del día, algunos de extrema gravedad. En San Martín Mexicapam, un grupo de aproximadamente ocho personas introdujo boletas de manera forzada en una urna y amenazó a los funcionarios de casilla, regresando luego para exigir que se borraran las hojas de incidentes y cubrir las cámaras de seguridad. En Santiago Amoltepec se detectaron 199 boletas marcadas e introducidas irregularmente, mientras que en Santa María Sola de Vega se reportó llenado de urnas y retención de un supervisor electoral.
Episodios de violencia contra el material electoral también ensombrecieron la jornada: en San Juan Guichicovi se informó de la quema de boletas, y en Magdalena Tequisistlán se incendiaron urnas, interrumpiendo la votación en esas mesas. Además, se registraron casos de movilización irregular de votantes, coacción, intentos de compra de votos —como una oferta económica a un escrutador en San Pedro Pochutla a cambio de 100 papeletas— y el uso de celulares para fotografiar boletas. La Fiscalía estatal ya tiene abiertas al menos cuatro carpetas de investigación por estos hechos.
El contexto político de esta consulta es clave. La Ley de Revocación de Mandato de Oaxaca fue promulgada en 2023, haciendo del estado un laboratorio pionero a nivel nacional. El mecanismo se activa cuando lo solicita al menos el 10% de la lista nominal con representación en más de la mitad de los municipios. Sin embargo, el diseño final, con su umbral de participación del 40%, fue visto por muchos analistas como una “trampa de seguridad” que hacía casi imposible un resultado revocatorio, protegiendo así al titular en turno.
Las declaraciones del gobernador Jara el mismo día de la votación, pidiendo eliminar el umbral de participación, son reveladoras. Por un lado, podrían interpretarse como un gesto de confianza en su base de apoyo; por otro, como un reconocimiento tácito de que el mecanismo actual es disfuncional. Su llamado a que la revocación sea vinculante con “mayoría simple” sintoniza con la narraria nacional de la “democracia participativa” impulsada por Morena, pero plantea riesgos evidentes: decisiones de enorme trascendencia podrían tomarse con una participación marginal y poco representativa de la ciudadanía.
Para el IEEPCO, el balance es agridulce. Sus consejeros destacaron la “colaboración estrecha” con el INE y que se cumplió “al 100%” la instalación de casillas a pesar del tiempo y recursos limitados. Sin embargo, la caótica jornada con cientos de incidentes pone en duda la capacidad operativa para procesos de esta magnitud sin una planeación más larga y un presupuesto adecuado. La imposibilidad de instalar casillas especiales por restricciones técnicas del padrón nacional fue otra limitante significativa.
El experimento oaxaqueño deja lecciones cruciales para el país. Demuestra que promulgar leyes de participación ciudadana es insuficiente si no van acompañadas de campañas pedagógicas robustas, plazos realistas y financiamiento garantizado. También revela la vulnerabilidad de estos procesos a la manipulación y el clientelismo en contextos de alta conflictividad política y social, como el de Oaxaca.
Finalmente, el resultado consolida a Salomón Jara en la gubernatura sin el estigma de una derrota en las urnas, pero tampoco con un respaldo contundente y vinculante. La baja participación hablará más fuerte que el porcentaje a su favor, dejando una pregunta abierta sobre la legitimidad y utilidad real de la revocación de mandato como instrumento de control democrático en el México actual.
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