RedacciónLos dos agentes federales de inmigración que dispararon causando la muerte de Alex Pretti en Mineápolis, Minnesota, el 24 de enero, han sido identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según una investigación publicada por el medio de periodismo de investigación ProPublica. La revelación de sus nombres se produce en medio de una investigación federal por presunta violación de derechos civiles, intensas protestas a nivel nacional y un inusual secretismo por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hasta ahora se había negado a divulgarlos públicamente e incluso al Congreso.
De acuerdo con la información de ProPublica, basada en registros gubernamentales y fuentes internas, Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, fueron los agentes que efectuaron los disparos fatales contra Pretti, un enfermero de 37 años. El tiroteo ocurrió durante un operativo del ICE en la ciudad y es el segundo incidente letal de este tipo en Mineápolis en enero, luego de que Renee Good falleciera el pasado 7 de enero también por disparos de agentes federales. Un informe interno del DHS enviado al Congreso el martes confirmó que fueron dos agentes, de un grupo de ocho que rodeaban a Pretti mientras yacía en el suelo, los que accionaron sus armas, pero el documento se abstuvo de identificarlos.
ProPublica justificó la publicación de los nombres argumentando en su cuenta de X que «pocas investigaciones merecen más atención pública y escrutinio que esta, en la que dos agentes enmascarados dispararon 10 tiros contra Pretti mientras yacía en el suelo tras ser rociado con gas pimienta». El medio critica la política de ocultamiento de identidades, señalando que «se aparta radicalmente de los protocolos policiales estándar» y «priva al público de la herramienta más fundamental para la rendición de cuentas». Hasta la fecha, las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, en las que se basó el informe del DHS, no han sido hechas públicas.
Los antecedentes de los agentes han comenzado a ser revelados. Jesús Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a la agencia en 2018. Según declaraciones de su exesposa, Angélica Ochoa, a ProPublica, él anhelaba ingresar a la institución desde hacía tiempo y, para cuando se separaron en 2021, era un entusiasta de las armas, poseyendo una colección de aproximadamente 25 rifles, pistolas y escopetas. Por su parte, Raymundo Gutiérrez se incorporó a la CBP en 2014 y está asignado a un Equipo de Respuesta Especial (SRT, por sus siglas en inglés), una unidad que realiza operaciones de alto riesgo similares a los grupos SWAT policiales. Ambos agentes tienen su base en el sur de Texas y fueron desplegados en Mineápolis como parte del reforzamiento de las operaciones del ICE ordenadas por la administración Trump.
La respuesta oficial ha sido multifacética. El Departamento de Seguridad Nacional suspendió a los dos agentes involucrados, mientras que el Departamento de Justicia anunció el viernes pasado la apertura de una investigación federal por posible violación de derechos civiles. No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha justificado las acciones de sus subordinados, calificando el incidente como un caso de «terrorismo doméstico». Por otro lado, Gregory Bovino, el jefe de operaciones migratorias en Mineápolis al momento de los hechos, aseguró que los agentes intentaron desarmar a Pretti y que este se resistió «violentamente». Días después, tras la escalada de protestas, Trump ordenó remover a Bovino de Mineápolis y reemplazarlo con Tom Homan, su exdirector del ICE y actual «zar de la frontera».
La presión pública y política ha obligado a ajustes tácticos. Este sábado, el presidente Trump ordenó retirar la presencia de agentes federales de las protestas en las calles de Mineápolis y otras ciudades gobernadas por demócratas, aunque prometió que continuarán defendiendo las instalaciones propiedad del gobierno federal. Esta medida busca reducir la fricción visible, pero no detiene las operaciones de inmigración en sí mismas. Paralelamente, organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) han exigido una investigación independiente sobre la muerte de Pretti, el cese inmediato de los operativos en Mineápolis y la abstención de realizar similares en otras localidades.
El caso se ha convertido en un punto focal del debate sobre el uso de la fuerza, la transparencia de las agencias federales y los límites de las operaciones de inmigración en entornos urbanos. La revelación de los nombres de los agentes por ProPublica aumenta la presión sobre el DHS y el DOJ para que aceleren sus investigaciones y sean más transparentes, especialmente cuando las versiones oficiales (la de «terrorismo doméstico» y la de «resistencia violenta») chocan con las narrativas de testigos y activistas que describen a Pretti como un civil que documentaba la protesta. El desarrollo de las pesquisas determinará si hay bases para cargos criminales contra Ochoa y Gutiérrez, mientras el movimiento de protesta nacional muestra pocas señales de amainar.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en Orus Media.