Filiberto Cruz MonroyCon la próxima implementación de la reforma judicial, México se prepara para un proceso electoral sin precedentes en el que los ciudadanos tendrán que elegir entre 42,145 candidatos para ocupar diversos cargos en el Poder Judicial. Este proceso, que se llevará a cabo tras la aprobación de la reforma, incluirá la selección de nuevos jueces, magistrados y ministros, con un costo aún incierto. La magnitud de este ejercicio electoral refleja un cambio significativo en la manera en que los mexicanos participarán en la selección de sus autoridades judiciales.
Según un análisis realizado por el exconsejero electoral Mauricio Merino, en 2025 se presentarán 10,815 candidaturas para llenar 1,481 puestos judiciales. Para el año 2027, el número de candidaturas se elevará a 31,345, con el objetivo de cubrir 5,229 cargos. Este proceso incluye la elección de magistraturas y jueces en los distintos niveles del sistema judicial, lo que requerirá una participación activa y bien informada de la ciudadanía.
Una de las características distintivas de estas elecciones es el cambio en el formato de votación. A diferencia de las elecciones tradicionales en las que los ciudadanos marcan un logotipo de partido, en este nuevo proceso los votantes deberán escribir los nombres de los candidatos. Este cambio marca un giro radical en el sistema electoral, que ha predominado durante más de un siglo.
El artículo segundo transitorio de la reforma judicial establece que durante el proceso electoral extraordinario de 2024-2025 se elegirán todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reducidos de 11 a 9 por la reforma. Además, se elegirán los magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los ciudadanos deberán seleccionar entre 81 candidatos para la Suprema Corte, 18 para la Sala Superior del TEPJF y hasta 90 para las Salas Regionales.
Además, en 2025 se llevará a cabo la elección para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Los votantes tendrán que decidir entre 45 candidatos para este nuevo tribunal, y también elegirán a 4,938 personas para ocupar 823 puestos de jueces y magistrados, así como 5,643 candidaturas para 627 magistrados locales. Esto resultará en una cifra total de 10,815 candidaturas para 1,481 cargos nuevos.
En total, durante las elecciones de 2025 y 2027, se evaluará a 42,145 candidatos para seleccionar a 6,708 nuevos funcionarios públicos. Este proceso es fundamental para renovar completamente el Poder Judicial de la Federación y asegurar una administración judicial efectiva y transparente.
Para garantizar la correcta ejecución de este proceso, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció la creación de una «comisión especial» para supervisar el proceso electoral extraordinario. La comisión de presupuesto también está trabajando en la estimación de costos y en la solicitud de una partida especial para el presupuesto de 2025.
Un cálculo preliminar del Poder Judicial estima que el costo del proceso electoral para los jueces, magistrados y ministros podría alcanzar los 22 mil millones de pesos. Esta cifra representa aproximadamente el 2% del gasto total en inversión física, presupuestaria y subsidios para el sector social y las entidades federativas y municipales del país. La magnitud de este gasto refleja la importancia y el impacto de la reforma judicial en el sistema democrático de México.