Héctor O. CarriedoEl proceso electoral para democratizar el Poder Judicial de la Federación marcó un hito histórico, al ser la primera vez que se eligen por voto popular diversos cargos judiciales, incluyendo 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.
Las elecciones judiciales registraron una participación de alrededor del 13.3% del padrón electoral, es decir 13 millones de votantes. La alta aprobación de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum (70-85% de acuerdo con encuestas consistentes) y el respaldo mayoritario a la reforma judicial (77-83%) contrastan con la baja participación relativa en las elecciones judiciales (13%), en un entorno sociopolítico donde los actores políticos y mediáticos opuestos a la reforma llamaron al abstencionismo y al voto nulo, junto con otros actores de grupos de presión afines a la burocracia judicial, estratos empresariales inconformes y sindicatos como la CNTE.
En mayo de 2025, una encuesta de Enkoll para El País mostró que el 86% de los encuestados estaba informado sobre las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, y el 72% consideraba necesaria esta elección, mientras que el 65% creía que aumentaría la confianza y legitimidad del Poder Judicial, y el 60% opinaba que podría reducir la corrupción.
A pesar de que el 86% del electorado estaba informado sobre la elección del poder judicial, los medios masivos tradicionales y sus voceros difundieron insistentemente en sus espacios que había desconocimiento y desconfianza en torno a los perfiles de las candidatas y candidatos, al tiempo que magnificaron la supuesta dificultad y complejidad de las boletas para razonar y decidir el voto, todo ello con el fin de desmotivar la participación ciudadana el día de la elección.
Se argumenta que los incentivos para el electorado que está de acuerdo con la reforma fueron insuficientes para que acudiera a votar, toda vez que la misma ya estaba asegurada por el triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 (con el 59.8% de los votos) y la consecución de las mayorías necesarias en las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Sin duda, contribuyeron al abstencionismo factores tales como: las restricciones regulatorias impuestas para promover la participación y realizar campañas intensas, no a favor de partidos ni fuerzas políticas sino por personas candidatas; la manipulación y desinformación de los medios masivos, y las controversias y obstáculos legaloides interpuestos por las fuerzas políticas y judiciales antagónicas a la reforma.
Este proceso electoral para la renovación del Poder Judicial, ha generado un impacto considerable en el humor social del llamado círculo rojo, es decir, los actores mediáticos y políticos que influyen en la agenda pública, elevando las tensiones sociopolíticas.
El humor social de la oposición en México, entendido como un estado de ánimo colectivo y las percepciones tanto de segmentos minoritarios de la clase política y la comentocracia de los medios masivos hegemónicos tradicionales, denota un clima de antagonismo y escepticismo de los actores políticos y mediáticos del conservadurismo.
Tal como lo revelan diversas encuestas, amplios sectores de la población en las distintas regiones del país apoyan la reforma al poder judicial, y reconocen que la renovación del Poder Judicial Federal, constituye un punto de inflexión histórico, al instaurar la elección por voto popular de de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral, el Tribunal de Disciplina Judicial, así como los cargos en tribunales de circuito y juzgados de distrito.
En contradicción, algunos gremios y asociaciones que aglutinan a profesionales del derecho, segmentos minoritarios de clases medias urbanas inconformes y simpatizantes de los partidos de oposición perciben la reforma como una amenaza a la “independencia” judicial. Las protestas de la burocracia judicial, junto con los cuestionamientos de organismos como la Coparmex y la Barra Mexicana de Abogados, han nutrido entre estos segmentos y actores sociales un sentimiento de desconfianza, frustración y descontento.
En efecto, uno de los obstáculos que superó la implementación de la reforma y las elecciones fue la renuncia del comité judicial en respuesta a la invalidación de amparos contra la reforma, dictada por el TEPJF en enero de 2025. Jueces y magistrados en huelga denunciaron una supuesta «captura» del Poder Judicial por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, provocando tensión entre poderes. El conflicto se expresó con movilizaciones de jueces y burócratas del poder judicial federal, sobre todo en la Ciudad de México, y llamados a instancias y organismos internacionales, como la OEA y la ONU, pidiendo ayuda externa para revertir la reforma. Tambien organizaron foros con sus líderes de opinión, campañas mediáticas y propaganda en redes sociales para cuestionar la legitimidad del proceso electoral judicial.
Las tensiones se han manifestado en protestas moderadas, especialmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Organizaciones como el Frente Cívico Nacional y colectivos de abogados han convocado manifestaciones contra la reforma, pero estas han tenido una participación limitada a unos cuantos miles de personas con impacto menor.
El entusiasmo y adhesión de los simpatizantes de la 4T, contrasta con la queja sistemática de los sectores minoritarios inconformes con la reforma, quienes intentan crear un ambiente de hostilidad y enfrentamiento en las redes sociales, principalmente, lo cual ha perdido resonancia en virtud de que el INE implementó un proceso electoral transparente y eficaz, con mínimos incidentes e irregularidades.
El escenario más probable a corto plazo consiste en la consolidación del poder del grupo gobernante con tensiones políticas con las fuerzas de la oposición y estabilidad económica relativa.
La oposición y sectores que se sienten agraviados, como los que promovieron amparos en enero de 2025, seguirán resistiéndose a la reforma, argumentando “violaciones a la independencia judicial”. Continuarán las protestas moderadas, especialmente en la Ciudad de México, pero la capacidad organizativa de la oposición es limitada frente al respaldo popular del régimen actual.
En el entorno económico, continuará la estabilidad con incertidumbre moderada. La economía mexicana sostendrá un crecimiento de alrededor del 1.5 % del PIB en 2025, apoyada por las exportaciones, la inversión extranjera directa y los proyectos de obra pública en infraestructura.
Los actores políticos que representan a los segmentos sociales inconformes y las fuerzas políticas de oposición buscan provocar una crisis de legitimidad, y propagar la percepción de un Poder Judicial “contrario” a los intereses del sector privado, señalando que ello podría frenar inversiones a largo plazo, particularmente en sectores como el energético y la minería, donde la saliente SCJN invalidó reformas del Ejecutivo Federal.
El argumento principal del bloque opositor es que la renovación democrática del Poder Judicial debilita la independencia de la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que incidiría en resoluciones judiciales futuras, como la revisión de reformas constitucionales, las cuales podrían ser percibidas como sesgadas, “reduciendo la confianza” en el sistema de justicia. Sin embargo, los nuevos miembros del poder judicial federal, electos democráticamente, deberán asumir el compromiso y la obligación de legitimar su actuación con un desempeño sustentado en la honestidad, honradez, objetividad, austeridad republicana e imparcialidad, con independencia de grupos interés y poderes fácticos.
Una preocupación válida es la potencial captura de poderes judiciales locales por parte de organizaciones criminales, lo que afectaría la impartición de justicia en casos de narcotráfico y corrupción. Para evitarlo, se deberá poner énfasis y especial cuidado en la selección de candidatos y candidatas en las futuras elecciones de jueces penales, tanto en el ámbito federal como estatal.
Las fuerzas políticas y actores que se oponen y resisten a la reforma judicial desean provocar incertidumbre, difundiendo la especie de un Poder Judicial percibido como “politizado”; lo que “empujaría” (es su deseo implícito), la depreciación del peso a 22-25 por dolar y una caída en la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como infraestructura, energía, minería y telecomunicaciones. A la vez, argumentan que las calificadoras de riesgo podrían rebajar la nota crediticia de México, aumentando el costo de la deuda soberana.
Las fuerzas opositoras tambien desean que sobrevengan tensiones y disputas
con Estados Unidos, en temas de seguridad y derivadas de la operación del T-MEC, en especial en materia energética; argumentan que la nueva conformación de la SCJN podría mermar su credibilidad internacional.
El escenario más probable implica la consolidación del poder gubernamental con tensiones sociales manejables y una economía estable con algún grado de incertidumbre. El escenario poco probable, aunque grave, es menos factible debido a la fortaleza política del gobierno a cargo de la presidenta Claudia Sheimbaum. Los riesgos de violencia político-criminal y una falsa percepción de pérdida de independencia judicial son factores transversales que podrían agravar cualquier escenario, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado. Es ahí donde los tres poderes del Estado mexicano deben poner los candados institucionales adecuados y la vigilancia necesaria en los futuros procesos electorales para elegir, sobre todo, jueces penales capaces de impartir justicia pronta, recta y expedita.
Actores políticos y mediáticos afines a los partidos de oposición han intentado capitalizar el descontento de ciertos grupos, pero su dispersión y su débil narrativa limitan su impacto a lo medíatico. El ambiente de confrontación no escalará porque no se reportaron irregularidades importantes el día de la elección.
Epílogo
Las tensiones sociopolíticas derivadas de la elección del Poder Judicial reflejan un conflicto entre la narrativa de democratización del gobierno y las acusaciones de politización de la oposición.
El avance del proceso de la reforma judicial depende de la transparencia electoral y de la capacidad del gobierno a cargo de Claudia Sheimbaum, así como de la democráticamente renovada SCJN, para romper inercias y sospechas de captura institucional.
Los resultados de la votación para los nueve primeros lugares de ministras y ministros de la SCJN, con base en los cómputos distritales según la información disponible hasta el 4 de junio de 2025, son los siguientes:
Ministras (5):
Lenia Batres Guadarrama: 5,030,281 votos (4.96%)
Yasmín Esquivel Mossa: 4,156,046 votos (4.48%)
Loretta Ortiz Ahlf: 3,734,882 votos (4.25%)
María Estela Ríos González: 3,938,383 votos (3.98%)
Sara Irene Herrerías Guerra: 2,652,424 votos (2.72%)
Ministros (4):
Hugo Aguilar Ortiz: 5,295,364 votos (5.25%)
Giovanni Azael Figueroa Mejía: 2,621,527 votos (3.11%)
Irving Espinosa Betanzo: 2,544,748 votos (2.87%)
Arístides Rodrigo Guerrero García: 2,466,220 votos (2.83%)
Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco, profesional intachable y de excepción, logró por la vía democrática ser el candidato con la mayor votación, por lo que será el próximo presidente de la SCJN a partir del 1 de septiembre de 2025, según lo establecido en el artículo 94 Constitucional.
Esta composición refleja la ventaja y prestigio de candidatas y candidatos con experiencia y ahora tambien con respaldo popular. Sin embargo, es de esperar nuevas tensiones sociopolíticas y cuestionamientos de la oposición a la bien ganada legitimidad democrática de la nueva SCJN.
Héctor O. Carriedo Sáenz
5-06-2025