Filiberto Cruz MonroyEn México, el dinero destinado a la comunicación social y la publicidad oficial se ha convertido en un campo minado donde se cruzan el poder, la opacidad y la falta de reglas. Mientras el gobierno federal presume austeridad, los gobiernos estatales gastan cada vez más y con menos control.
En 2024, trece estados rebasaron por más del doble el presupuesto aprobado, y cinco de ellos —Guerrero, Estado de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz— lo hicieron en más de 1,000%. El problema no es solo el exceso, sino la ausencia de una política clara, equitativa y ética que regule cómo, a quién y para qué se asigna ese dinero público.
Un presupuesto sin regularización y sin propósito
El gasto en comunicación debería ser una herramienta de información para la ciudadanía, no una caja discrecional para premiar amigos o castigar críticos. Pero México carece aún de una regulación sólida que limite la discrecionalidad con que los gobiernos distribuyen la publicidad oficial.
Cada año se repite el mismo patrón: partidas mal planeadas, sobreejercicios, contratos opacos y beneficiarios elegidos por afinidad política, no por su rigor periodístico ni por su alcance informativo. El resultado es un ecosistema mediático dependiente, fragmentado y cada vez menos libre.
Equidad: el principio ausente
Si el Estado va a destinar dinero público a medios de comunicación, debe hacerlo bajo criterios de equidad, pluralidad y transparencia. No se trata de negar los apoyos, sino de garantizar que estos se asignen con justicia, sin concentrarlos en los mismos consorcios de siempre.
Las cifras lo confirman: entre 2018 y 2024, Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos concentraron casi un tercio del gasto federal en publicidad oficial. Esa concentración impide que florezcan medios locales, independientes o comunitarios, y consolida un modelo donde el dinero se traduce en influencia.
Pero el problema no se limita a los gigantes mediáticos. Hoy, el descontrol también se extiende al universo digital, donde influencers y youtubers reciben recursos públicos sin rendición de cuentas. En muchos casos, se trata de voceros informales de los gobiernos, sin rigor, sin verificación y sin ninguna supervisión. Tan grave es premiar con dinero público a grandes corporaciones como financiar a creadores de contenido que no responden a estándares periodísticos ni son auditados por nadie.
El dinero no puede comprar la palabra
El principio más básico debería ser innegociable: el dinero público no puede entregarse a cambio de favores editoriales. No puede condicionar líneas informativas ni comprometer la independencia de quien lo recibe.
La comunicación social del Estado debe servir al interés público, no al interés político. Cuando un medio —sea una televisora, un portal o una cuenta de TikTok— se vuelve dependiente de esos recursos, se desdibuja la frontera entre informar y servir como vocero.
La única salida posible es crear mecanismos de asignación objetivos, donde los criterios sean claros: alcance, calidad, profesionalismo y rendición de cuentas. El gasto debe auditarse con el mismo rigor con que se audita cualquier obra pública.
Periodismo responsable en tiempos de simulación
En este contexto, el periodismo crítico y comprobable es más necesario que nunca. Pero su ejercicio se ha vuelto precario. En los estados del país, donde el gasto en comunicación se multiplica sin control, los medios locales viven bajo una tensión constante: o callan o desaparecen. No existen contrapesos reales; los gobiernos estatales son juez y parte del ecosistema informativo.
A eso se suma una profesión profundamente devaluada: bajos salarios, exceso de trabajo y poca seguridad laboral. Muchos periodistas sobreviven entre contratos temporales o colaboraciones mal pagadas, mientras la publicidad oficial fluye a proyectos que poco o nada tienen que ver con el interés público.
La degradación de la profesión no solo empobrece a quienes la ejercen, sino también al país entero. Sin periodismo libre y responsable, la sociedad pierde su principal defensa contra el abuso del poder y la corrupción.
Un llamado urgente: regular, transparentar, dignificar
La situación exige una reforma integral de la Ley General de Comunicación Social que establezca controles reales, criterios de asignación transparentes y obligaciones de rendición de cuentas a nivel federal y estatal. Cada peso destinado a publicidad debe ser verificable y público.
México necesita un modelo donde los recursos para comunicación sirvan para informar, no para silenciar. Donde se premie el rigor, no la docilidad; la investigación, no la propaganda.
El periodismo no puede ser rehén del presupuesto, ni la verdad un lujo condicionado por el dinero público.
Regular, distribuir con equidad y exigir responsabilidad no son opciones: son las únicas vías para recuperar la credibilidad, la libertad y la dignidad de una profesión que, pese a todo, sigue siendo esencial para la democracia.