Filiberto Cruz MonroyEl Gobierno federal oficializó la reforma de simplificación orgánica mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta medida implica la extinción de siete organismos autónomos, incluyendo el Inai, la Cofece y el Coneval, transfiriendo sus responsabilidades a diversas Secretarías de Estado.
La reforma, propuesta inicialmente en febrero por el expresidente López Obrador, tiene como objetivo reducir la estructura gubernamental al absorber las funciones de organismos autónomos en las Secretarías de Estado correspondientes.
Los entes autónomos afectados por esta reforma son: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El Congreso de la Unión tiene 90 días naturales para ajustar las leyes secundarias necesarias para formalizar la transferencia de atribuciones a las Secretarías de Estado.
La reforma fue aprobada el 28 de noviembre por el Senado de la República y validada por la mayoría de las legislaturas estatales en tiempo récord. Desde su promulgación, ha suscitado reacciones de diversas figuras públicas y organismos.
Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai, señaló que las leyes secundarias deberán garantizar los derechos constitucionales de acceso a la información y protección de datos personales. Afirmó que el Inai continuará cumpliendo su mandato desde cualquier espacio que se le permita.
En un mensaje institucional, el Inai subrayó que los derechos de acceso a la información y la protección de datos seguirán vigentes a pesar de los cambios estructurales. Sin embargo, otros organismos autónomos aún no han emitido una postura oficial respecto a su desaparición.
La extinción de estos organismos plantea interrogantes sobre la autonomía y la transparencia en áreas clave como la protección de datos, la competencia económica y la evaluación de políticas sociales. Mientras el gobierno defiende esta medida como una estrategia de simplificación y eficiencia, críticos argumentan que podría debilitar contrapesos institucionales esenciales para la democracia.