Jair FigueroaAnte el aumento de casos de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), propuso una reforma profunda al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El objetivo es claro: sancionar severamente a quienes obliguen o induzcan a menores y otros grupos vulnerables a participar en actividades criminales.
Una respuesta legal ante una realidad alarmante
La iniciativa busca visibilizar esta práctica como una grave violación a los derechos humanos y establecerla como un delito autónomo con penas severas. La propuesta plantea la creación del capítulo “Reclutamiento forzado” en el Código Penal Federal, donde se defina este acto como la acción de incorporar, obligar o inducir por cualquier medio a una persona —especialmente niñas, niños y adolescentes— a integrarse a cárteles, redes de trata o grupos armados.
Hasta 20 años de cárcel y múltiples agravantes
El castigo propuesto es de 10 a 20 años de prisión, con aumentos si la víctima pertenece a un grupo vulnerable como menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas indígenas, migrantes o con discapacidad. Además, se incrementará la pena si el responsable tiene vínculos con instituciones de seguridad o justicia, o si se utilizan medios violentos como tortura o abuso sexual.
También se consideran agravantes los vínculos de parentesco, amistad o confianza entre el agresor y la víctima, así como la explotación de habilidades específicas de las personas reclutadas en favor del grupo criminal.
El reclutamiento como crimen organizado
El legislador también propone que el reclutamiento forzado sea incorporado a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esto permitiría investigarlo bajo criterios especiales, similares a los que se aplican a estructuras como los cárteles de droga.
Asimismo, la propuesta contempla que este delito sea una causal de exclusión de responsabilidad penal para las personas que, tras ser reclutadas forzosamente, fueron obligadas a cometer delitos bajo coerción.
Un fenómeno invisibilizado por el sistema legal
Mejía Berdeja denunció que el reclutamiento forzado ha sido históricamente invisibilizado en el marco jurídico. A pesar de las numerosas denuncias de organizaciones como Reinserta o la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Estado mexicano no cuenta con un tipo penal claro para sancionar esta forma de violencia estructural.
REDIM estima que al menos 30 mil menores han sido reclutados por grupos criminales en la última década. Estos niños y adolescentes suelen ser sometidos a amenazas, violencia psicológica, trabajo forzado y explotación sexual.
Reforma con enfoque de derechos humanos
La reforma propuesta busca un enfoque más humano, al considerar la exclusión de responsabilidad penal para las víctimas, y castigos ejemplares para los reclutadores. También pone sobre la mesa el debate de cómo el sistema judicial debe diferenciar entre víctimas forzadas y responsables voluntarios de delitos.
Esta iniciativa podría representar un parteaguas en la lucha contra el reclutamiento de menores en México y en la protección efectiva de sus derechos.
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