RedacciónLa Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado analiza una iniciativa legislativa presentada por la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que propone endurecer las penas mínimas por el delito de feminicidio, elevándolas de 25 a 40 años de prisión.
La propuesta, impulsada por la también excomisionada nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, tiene como objetivo principal combatir la impunidad en los casos de feminicidio, visibilizar la violencia extrema de género y cerrar vacíos legales que han impedido una justicia efectiva para las víctimas.
Iniciativa con enfoque de género y justicia
La propuesta legislativa no solo busca endurecer la pena mínima, sino también incorporar agravantes específicas que permitan sancionar con mayor rigor a quienes cometan feminicidio contra niñas, mujeres con discapacidad o personas adultas mayores. Estos sectores, al ser más vulnerables, requieren de una respuesta legislativa diferenciada y contundente.
“Se trata de una reforma que va más allá del castigo. Es una forma de enviar un mensaje claro: el feminicidio es un crimen atroz que no puede quedar impune y que debe ser juzgado con todo el peso de la ley”, explicó Alanís Sámano.
La diputada subrayó que el endurecimiento de las penas tiene también un efecto disuasivo, y responde a un contexto alarmante de violencia de género en el estado y el país, donde los índices de feminicidio han mantenido una tendencia preocupante durante los últimos años.
Feminicidio: una realidad que exige respuestas más firmes
Diversas organizaciones civiles, colectivas feministas y organismos de derechos humanos han expresado su respaldo a iniciativas como esta, al considerar que la actual legislación es insuficiente y muchas veces permite interpretaciones que favorecen la impunidad.
Michoacán ha registrado un aumento sostenido en los casos de violencia feminicida, lo que ha derivado en constantes reclamos sociales por mayor acción institucional. En este contexto, la propuesta de Alanís Sámano representa un intento de responder legislativamente a una demanda urgente de justicia.
La propuesta aún se encuentra en etapa de análisis técnico dentro de la Comisión de Igualdad, y deberá ser posteriormente dictaminada y sometida a votación en el pleno del Congreso local.
Violencia política de género, también bajo revisión
De forma paralela, la Comisión de Igualdad Sustantiva también revisa una segunda iniciativa, enfocada en tipificar con mayor precisión la violencia política de género. Esta reforma toma especial relevancia luego de que dos diputadas, Fabiola Alanís Sámano y Eréndira Isauro Hernández, denunciaran haber sido objeto de violencia política durante esta legislatura.
Ambas legisladoras señalaron que sus denuncias fueron subestimadas por diversas instancias, lo cual evidenció lagunas en la legislación vigente y la falta de procedimientos claros para proteger a las mujeres que ejercen cargos públicos.
“El Congreso debe estar a la altura de las circunstancias. No podemos permitir que las mujeres, por el hecho de ocupar espacios de poder, sean vulneradas o desacreditadas. Las leyes deben protegernos también en el ejercicio de nuestros derechos políticos”, afirmó Alanís.
Morena prioriza reformas de género en nuevo año legislativo
Estas iniciativas forman parte de la agenda prioritaria del grupo parlamentario de Morena para el siguiente periodo legislativo que iniciará el 15 de septiembre, coincidiendo con la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado.
Desde el Congreso local, el partido guinda ha señalado que uno de sus ejes será fortalecer el marco legal de protección a las mujeres, tanto en el ámbito privado como en su participación política. Esta línea legislativa responde a una demanda histórica de los movimientos feministas, pero también a la necesidad de construir una institucionalidad sólida y sensible al género.
Una reforma que busca justicia, no venganza
Especialistas en derecho penal han señalado que, si bien el aumento de penas no resuelve por sí solo el fenómeno del feminicidio, puede representar un paso importante para corregir fallas estructurales. El reto, han dicho, es acompañar este tipo de medidas con una política pública integral de prevención, atención y sanción.
El Congreso de Michoacán deberá ahora construir consensos, someter a consulta estas propuestas y garantizar que el debate legislativo mantenga un enfoque técnico, jurídico y con perspectiva de derechos humanos.
Por lo pronto, la iniciativa para elevar la pena mínima a 40 años sigue en análisis, pero con posibilidades reales de ser aprobada en los próximos meses.
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