Jair FigueroaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las propiedades del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, fueron adquiridas mediante lavado de dinero y actos de corrupción. El señalamiento lo realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde además anunció que su gobierno trabaja en una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para aplicar este mecanismo en casos de corrupción comprobada.
Reforma a la Ley de Extinción de Dominio
La mandataria explicó que actualmente la extinción de dominio es un proceso largo y complejo, incluso en casos relacionados con delincuencia organizada. Por ello, señaló que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, encabeza los trabajos para modificar la legislación y permitir que bienes adquiridos con recursos ilícitos puedan ser transferidos al Estado con mayor rapidez.
“Estamos planteando que la Ley de Extinción de Dominio contemple también actos de corrupción. Si se adquiere un predio con recursos mal habidos, se tiene que demostrar y un juez debe resolverlo. Pero lo importante es que se puedan recuperar esos bienes para destinarlos al pueblo”, aseguró Sheinbaum.
Destino de los bienes asegurados
La presidenta propuso que los inmuebles recuperados se entreguen a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de escuelas. “Si por corrupción, por mal uso de recursos, se compra un inmueble, y se demuestra que eran públicos o producto de un moche, pues sí, y que se entregue a la SEP para hacer escuelas”, puntualizó.
Este planteamiento refuerza la narrativa de su gobierno de vincular la lucha contra la corrupción con beneficios sociales tangibles, como infraestructura educativa.
El caso de Alejandro Moreno
Las declaraciones de Sheinbaum se dieron tras insistir en que las propiedades de Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y actual presidente del PRI, “fueron adquiridas con corrupción y lavado de dinero”.
El dirigente priista ha sido cuestionado por el crecimiento de su patrimonio inmobiliario en Campeche, el cual, según investigaciones locales, no corresponde a sus ingresos como servidor público.
Aunque “Alito” ha rechazado estas acusaciones, el tema ha escalado a nivel federal con los señalamientos directos de la presidenta, lo que incrementa la presión política sobre el dirigente opositor.
Implicaciones políticas
Este caso ocurre en medio de una confrontación abierta entre el gobierno federal y el PRI, en particular con su dirigente nacional. Analistas consideran que el endurecimiento del discurso presidencial contra “Alito” responde no solo a un tema legal, sino también a un pulso político rumbo a las elecciones de 2027, en las que Morena busca consolidar su hegemonía frente a una oposición dividida.
El anuncio de cambios a la Ley de Extinción de Dominio puede convertirse en un instrumento clave para reforzar la lucha anticorrupción del gobierno, aunque especialistas advierten que su aplicación deberá estar blindada de usos políticos.
Transparencia y legalidad
La presidenta recalcó que cualquier aplicación de la extinción de dominio deberá resolverse ante un juez y con pruebas contundentes, para garantizar respeto al debido proceso. “Se tiene que demostrar si los recursos eran públicos o mal habidos. Todo lo demás lo define un juez”, señaló.
De este modo, Sheinbaum buscó subrayar que el objetivo no es la persecución política, sino el fortalecimiento del Estado de derecho y la recuperación de bienes mal adquiridos para beneficio social.
La confrontación entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Moreno se intensifica con este nuevo señalamiento sobre presunto lavado de dinero y corrupción en la adquisición de propiedades. Al mismo tiempo, la propuesta de reforma a la Ley de Extinción de Dominio marca un punto clave en la estrategia anticorrupción del actual gobierno.
El debate público se centra ahora en si estas medidas podrán traducirse en justicia real o si quedarán atrapadas en la dinámica política entre el gobierno y la oposición.
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