Israel GómezEn una jugada que ha desatado polémica en el estado, el Congreso de Sinaloa aprobó iniciar el proceso de desafuero contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien actualmente es considerado como unos de los cuadros con mayores posibilidades en Morena rumbo a la gubernatura en 2027.
La solicitud, presentada por la Fiscalía General del Estado, acusa a Vargas de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas en 2021. Sin embargo, su equipo legal asegura que el contrato ya había sido auditado por la Auditoría Superior del Estado y no se encontraron elementos suficientes para una sanción penal.
El proceso ha levantado sospechas dentro y fuera del partido Morena. Se presume que el desafuero podría tener motivaciones políticas, en un intento por dejar fuera de la contienda a uno de los perfiles más competitivos de cara a la sucesión del actual gobernador Rubén Rocha Moya.
“Todo es todo”: Vargas responde
“Que les quede claro, voy con todo a defenderme. Todo es todo”, advirtió el alcalde en declaraciones recientes, en las que denunció lo que considera un “exceso e incongruencia” por parte de las autoridades estatales. Vargas enfatizó que la renta de patrullas permitió que Los Mochis se convierta hoy en la sexta ciudad más segura del país, de acuerdo con el INEGI.
Además de la seguridad, Ahome también ha destacado por su crecimiento económico, su liderazgo en atracción de inversiones, generación de empleo, y su estrategia turística basada en cruceros. Estos logros han sido reconocidos por el sector empresarial y social del estado, quienes han expresado su respaldo al alcalde ante lo que muchos consideran una injusticia.
¿Un “plan al estilo Fox”?
Comparaciones no se han hecho esperar. Desde algunos sectores de Morena se señala que lo ocurrido con Gerardo Vargas recuerda al desafuero promovido por Vicente Fox en 2005 contra Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Hoy, esa historia podría repetirse, pero dentro del mismo partido.
De hecho, el gobernador Rocha Moya ha evitado dar una opinión clara sobre el caso. Al ser cuestionado sobre el tema, simplemente dijo: “No tengo opinión”, a pesar de que la acción de la Fiscalía y del Congreso ha sido percibida como parte de un intento por abrirle camino a su delfín político, el senador Enrique Inzunza.
¿Justicia o jugada política?
Diversos actores políticos y sociales han pedido que el proceso se lleve con transparencia y sin motivaciones ocultas. La Asociación de Abogados de Sinaloa incluso ha calificado a la Auditoría como una “guillotina política”, recordando los casos similares contra exalcaldes como Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo “Químico” Benítez.
Vargas, por su parte, confía en que se tomará la mejor decisión. “No hice nada indebido. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo volvería a hacer”, expresó convencido de que actuó conforme a la ley y al bienestar de los ciudadanos.
El proceso apenas comienza, pero el mensaje parece claro: en Sinaloa, la lucha por la gubernatura ya empezó, y no todos están jugando limpio.