RedacciónEl ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, defendió este martes la polémica adquisición de camionetas blindadas para el máximo tribunal, argumentando que respondió a un equilibrio necesario entre seguridad y austeridad y no a un “acto caprichoso”. En una conferencia de prensa para aclarar el caso, Aguilar detalló que al 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos (de los cuales 39 ya fueron recibidos), como parte de la renovación de un parque vehicular heredado en mal estado, pero confirmó que, ante las críticas públicas, las y los ministros decidieron no utilizarlos.
Aguilar Ortiz explicó que la actual integración de la Corte (electa en junio de 2025) recibió de la administración anterior un parque de 30 camionetas Suburban y nueve Jeep, las cuales presentaban problemas graves. Desde un inicio, se decidió no usar las Suburban por considerarlas “ostentosas”, y las Jeep que permanecieron en servicio estaban “deterioradas y con fallas en el sistema de tracción”. En un periodo de cuatro meses, se registraron varios incidentes viales y fallas mecánicas, incluyendo vehículos que no encendían, lo que comprometía la operatividad y seguridad de los traslados oficiales.
“No es una decisión caprichosa. ¿Está justificada la compra? Claro que está justificada”, afirmó el ministro presidente. Relató que, ante los problemas, se consultó a órganos internos de la Corte y a instancias de seguridad del Gobierno de México, las cuales concluyeron que el blindaje de los vehículos había “fenecido” y que existían riesgos mecánicos latentes. Se realizaron análisis de riesgo que derivaron en la decisión de renovar el parque vehicular. Como ejemplo, narró un incidente en un viaje a Huejutla, Oaxaca, donde la camioneta que utilizaba se descompuso a mitad del camino, evidenciando la inadecuación de las unidades para “actividades de campo”.
Sin embargo, Aguilar Ortiz subrayó que, ante las críticas públicas y mediáticas que calificó de “ajenas al ejercicio jurisdiccional”, el Pleno de ministros decidió no hacer uso de los nuevos vehículos y solicitar su devolución o reasignación. Aclaró que los incidentes de seguridad a los que se enfrentaron no estuvieron relacionados con amenazas directas, sino con problemas viales y mecánicos, deslindando la compra de un contexto de riesgo personal exacerbado.
El ministro presidente enfatizó que la austeridad “no es un acto simbólico”, sino un “respeto irrestricto a los recursos del pueblo”, y recalcó la autonomía del Poder Judicial. Incluso señaló que las y los ministros están dispuestos a trasladarse a sus actividades oficiales “en autobús, vuelos comerciales o vehículos propios” si así lo deciden. Esta declaración busca contrarrestar la narrativa de que los vehículos blindados eran un lujo innecesario y reposicionar el debate en el terreno de la necesidad operativa y la seguridad institucional.
La conferencia también tocó otro tema espinoso: el destino de los vehículos de la administración anterior. Frente a versiones de que exministros se habrían llevado camionetas oficiales, Aguilar Ortiz aseguró que “sí las pagaron”. No obstante, el ministro Arístides Guerrero, también presente, cuestionó que algunos exintegrantes de la Corte se hayan quedado con esos vehículos “con descuentos elevados”, aunque sin dar nombres. Guerrero además mencionó presuntas irregularidades con obras de arte que habrían sido retiradas por exministros, añadiendo otra capa de opacidad a la administración anterior.
La justificación técnica ofrecida por Aguilar contrasta con la reacción política y social que generó la compra. Críticos, incluidos miembros del propio partido en el poder, habían señalado la contradicción con el discurso de austeridad republicana. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había afirmado que la adquisición “contradice los principios de austeridad” que el movimiento defiende. En cambio, otros morenistas como Gerardo Fernández Noroña habían defendido las camionetas como “herramienta de trabajo”.
Este episodio deja al descubierto la compleja tensión entre la autonomía presupuestal de los poderes del Estado y el escrutinio público en una era de exigencia de transparencia. Por un lado, la Corte argumenta tener las atribuciones y la necesidad para renovar su flota bajo criterios de seguridad. Por el otro, la sociedad civil y otros poderes cuestionan la opacidad del proceso, el costo y la percepción de privilegio.
La solución adoptada —devolver los vehículos— parece buscar un punto medio que salve la imagen institucional, pero deja preguntas sin respuesta: ¿Fue adecuada la planeación inicial? ¿Se evaluaron opciones más económicas? ¿Por qué no se transparentó el proceso y sus justificaciones antes de la compra? La conferencia de Aguilar Ortiz es un intento de cerrar la crisis comunicativa, pero el daño a la credibilidad de la Corte en materia de manejo de recursos puede ser más duradero.
Finalmente, el caso sienta un precedente sobre cómo los altos órganos del Estado manejarán sus gastos en el futuro. La lección parece clara: cualquier adquisición de alto costo, por más justificada que esté técnicamente, deberá ir acompañada de una comunicación proactiva, transparente y pedagógica para evitar el desgaste político y la desconfianza ciudadana.
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