Para calmar a jueces les ofrecen liquidación si no resultan electos

Filiberto Cruz Monroy
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Después de un extenso debate que duró 18 horas, el bloque legislativo conformado por Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial con solo tres modificaciones. La reforma fue aprobada en lo particular y enviada al Senado en la mañana del miércoles. El dictamen recibió 357 votos a favor de la coalición oficialista, 130 en contra de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y ninguna abstención.

Entre las reservas aceptadas, una propuesta destacada por el morenista Arturo Ávila garantiza una compensación para aquellos magistrados y jueces que decidan no participar en el proceso de elección o que no resulten electos. Según esta modificación, los jueces de distrito y magistrados de circuito que terminen su encargo por declinar o no resultar electos recibirán un pago equivalente a tres meses de salario integrado, además de 20 días de salario por cada año trabajado, y otras prestaciones a las que tengan derecho.

El dictamen, que propone renovar a jueces, magistrados y ministros por voto popular en 2025 y 2027, será revisado en comisiones unidas del Senado a partir de las 13:00 horas del domingo. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, ha anunciado que la reforma será sometida a votación del pleno el martes siguiente.

Otro cambio importante fue propuesto por el diputado Jesús Martín Cuanalo, del PVEM. Esta modificación establece que, una vez fuera del cargo, los magistrados y jueces no tendrán restricciones para ejercer como abogados y litigar fuera del circuito judicial al que estaban adscritos. Esta disposición busca garantizar la continuidad profesional de los juzgadores que no permanezcan en el Poder Judicial tras la implementación de la reforma.

Además, la bancada del PT contribuyó a la revisión de la reforma con una propuesta presentada por Magdalena Núñez. Esta reserva incorpora lenguaje inclusivo en la legislación, utilizando términos como juezas, magistradas y ministras, con el objetivo de promover la paridad en el ámbito judicial.

La reforma, que ha sido objeto de intensas discusiones, busca modificar la forma en que se seleccionan los jueces, magistrados y ministros, permitiendo que sean elegidos por el voto popular. Esta propuesta ha generado controversia y debate en torno a sus implicaciones para el sistema judicial mexicano y su independencia.

El proceso legislativo ahora continúa en el Senado, donde se evaluarán las modificaciones aprobadas y se determinará el futuro de la reforma. La resolución final dependerá del respaldo que obtenga en la Cámara Alta, lo que determinará su impacto en el sistema judicial del país.

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