Jair FigueroaEl dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, presentó un paquete de 111 propuestas de política pública con miras a las elecciones federales de 2027. Entre las medidas destacó la creación de una megaprisión exclusiva para narcopolíticos y extorsionadores, además de impulsar la cadena perpetua para quienes cometan estos delitos. El anuncio ocurre mientras continúa la investigación contra funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante la presentación de la estrategia política del partido, Jorge Romero aseguró que el objetivo es endurecer las sanciones contra funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales.
El dirigente explicó que la propuesta contempla construir una prisión exclusiva para quienes, desde el servicio público, protejan, financien o colaboren con organizaciones delictivas.
También planteó aplicar cadena perpetua a los responsables de extorsión y cobro de piso.
Romero afirmó que el castigo debe ser ejemplar para quienes traicionan la confianza de la ciudadanía al utilizar su cargo para favorecer al crimen organizado.
Según explicó, la propuesta forma parte de un documento integrado por 111 iniciativas de política pública que el PAN impulsará rumbo al proceso electoral de 2027.
Entre ellas también destaca establecer un tope fiscal que permita fijar el precio de la gasolina en 18 pesos por litro.
Caso Rocha Moya vuelve al centro del debate
Las propuestas fueron presentadas en un contexto marcado por la investigación abierta contra funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra diez servidores públicos y exservidores por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como «Los Chapitos».
De acuerdo con la acusación, algunos funcionarios habrían proporcionado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.
Los delitos señalados incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y, en uno de los casos, asesinato.
Rubén Rocha Moya pidió licencia tras la acusación
Uno de los nombres incluidos en la investigación es el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El mandatario solicitó una licencia temporal el 1 de mayo de 2026, después de que su nombre apareciera en la acusación presentada por autoridades estadounidenses.
En su lugar quedó como gobernadora sustituta Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como secretaria general del gobierno estatal.
La investigación señala que Rocha Moya presuntamente favoreció el nombramiento de personas vinculadas con grupos criminales y facilitó condiciones para su operación.
Hasta el momento, el exgobernador rechaza las acusaciones.
México también mantiene una investigación
Además del proceso iniciado en Estados Unidos, las autoridades mexicanas mantienen una investigación propia.
La Fiscalía General de la República citó a Rubén Rocha Moya para comparecer en calidad de testigo.
El exmandatario informó a través de su cuenta de X que acudió a la cita.
Sin embargo, medios de comunicación reportaron que no fue visto ingresando o saliendo de las instalaciones de la Fiscalía en Culiacán.
Su ausencia pública desde que solicitó licencia ha generado cuestionamientos por parte de la oposición y diversos sectores políticos.
¿Qué busca el PAN con estas propuestas?
El PAN aseguró que las medidas buscan fortalecer el combate contra la delincuencia organizada y sancionar con mayor severidad a los funcionarios que colaboren con grupos criminales.
La propuesta de una megaprisión pretende separar a los llamados narcopolíticos y extorsionadores del resto de la población penitenciaria.
Para que estas medidas puedan entrar en vigor sería necesario modificar diversas disposiciones legales y obtener el respaldo del Congreso de la Unión.
Por ahora, las iniciativas forman parte de la plataforma política que Acción Nacional presentará rumbo a las elecciones federales de 2027.
Con la presentación de estas propuestas, el PAN busca colocar la seguridad pública y el combate a la corrupción como ejes centrales de su estrategia electoral. La viabilidad de medidas como la creación de una megaprisión o la cadena perpetua dependerá de futuras reformas legales y del respaldo que logren obtener en el Congreso, mientras el caso Rocha Moya continúa ocupando un lugar relevante en el debate político nacional.
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