Jair FigueroaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este lunes 8 de diciembre, desde Palacio Nacional, que el posicionamiento del Partido Acción Nacional (PAN) respecto a la recién aprobada Ley de Aguas demuestra «ignorancia», luego de que el dirigente panista asegurara que la reforma atenta contra la propiedad privada. La mandataria explicó que el agua es un recurso de la nación según la Constitución, y que la nueva legislación no elimina concesiones ni afecta derechos adquiridos.
El origen de la polémica
La controversia inició cuando el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, declaró que la Ley General de Aguas aprobada en el Congreso por Morena y sus aliados representa “el inicio del fin de la propiedad privada en México”. Según el dirigente, la iniciativa limitaría la transferencia de derechos de agua y afectaría a más de dos millones de productores agrícolas.
Ante ello, Sheinbaum rechazó las acusaciones y aclaró que la ley busca ordenar y transparentar el uso del recurso hídrico, no expropiar ni intervenir en derechos patrimoniales. “Lo que demuestra el PAN es una total ignorancia. No han leído la Constitución. El agua es un bien de la nación desde 1917. Lo que existe son concesiones, y la ley lo único que hace es ordenarlas”, dijo.
¿Qué establece la Constitución?
El agua como propiedad nacional
Sheinbaum recordó que el artículo 27 de la Constitución señala que el agua es un recurso natural de propiedad nacional, por lo que las concesiones que otorga el Estado no constituyen propiedad privada sobre el líquido. “Ni se quitan concesiones ni se afectan patrimonios. Lo que se busca es regular, evitar abusos y garantizar el acceso equitativo”, explicó.
La relación tierra-agua
La presidenta enfatizó que la ley formaliza criterios técnicos para la administración de cuencas y distritos de riego, permitiendo que la relación entre tenencia de la tierra y uso de agua esté regulada de manera coherente. Esto, dijo, permitirá evitar prácticas discrecionales y fortalecer la protección del recurso hídrico ante escenarios de sequía.
Postura del PAN: riesgos para el campo
En contraste, Jorge Romero Herrera sostuvo que la Ley General de Aguas elimina la posibilidad de transmitir los derechos en la mayor parte de los casos, lo que sería un golpe directo al sector agrícola. Según el PAN, la imposibilidad de heredar o vender concesiones de agua afectaría el valor de los predios e inhibiría la inversión.
“Las concesiones dejarán de ser parte del patrimonio, provocando que se devalúen los predios y se quede el campo y la industria sin inversión”, afirmó Romero en su comunicado.
La respuesta desde Palacio Nacional
«Deberían leer la Constitución»: Sheinbaum
En su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que la oposición está difundiendo información errónea para generar alarma entre productores y sectores empresariales. “Sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que leerla, y más quienes participamos en política”, señaló.
Aseguró que el Gobierno federal mantendrá comunicación con agricultores, concesionarios y organizaciones rurales para aclarar dudas y garantizar que la transición hacia el nuevo marco legal sea ordenada y sin afectaciones.
Una ley para ordenar, no para expropiar
Regular, transparentar y garantizar
La presidenta subrayó que la Ley General de Aguas tiene tres objetivos centrales:
- Ordenar el uso del agua en todo el país.
- Transparentar la administración de concesiones.
- Garantizar el derecho humano al agua, especialmente en zonas vulnerables.
“El agua no está en venta y no debe ser tratada como una mercancía. México necesita una legislación moderna que asegure su uso responsable”, afirmó.
Implicaciones y debate legislativo
Especialistas señalan que la discusión no solo implica temas técnicos, sino también enfoques políticos sobre la gestión del agua en un contexto de sequías prolongadas. El debate seguirá en los próximos días conforme productores rurales, legisladores y organismos de investigación emitan posicionamientos.
La aprobación de la Ley de Aguas abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno federal y el PAN. Mientras la oposición advierte riesgos para la propiedad privada y el campo, la presidenta Sheinbaum insiste en que la reforma solo ordena lo que ya establece la Constitución desde hace más de un siglo.
El debate continuará en el plano político y social, pero el eje central permanece: la gestión responsable de un recurso vital y cada vez más escaso.