RedacciónTras la presentación de los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) realizada durante la conferencia matutina del día de hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las organizaciones que acompañamos a las familias buscadoras en su exigencia de verdad y justicia manifestamos nuestra profunda preocupación, al considerar que la narrativa oficial minimiza la magnitud de la crisis y reduce el fenómeno a una mera gestión de archivos ministeriales.
Desde el inicio de la crisis de violencia en 2007, diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México. Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas.
La trampa de la «obligatoriedad» y el retroceso legal
La narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las fiscalías estarán «obligadas» a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva: existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017. Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar. Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional.
Preocupa, además, afirmaciones como que el 96 por ciento de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya dado a conocer la metodología que sustenta dicha conclusión. Sin claridad metodológica, este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado frente a las familias.
El Estado no es un espectador: responsabilidad e impunidad
Preocupa profundamente que desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales. Esta visión elude la responsabilidad del Estado en sus múltiples formas: la participación directa y la aquiescencia, con casos de desaparición forzada y fosas cometidos directamente o vinculados a autoridades que siguen sin justicia; la omisión y la corrupción, pues el Estado es responsable cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos; y la impunidad como combustible, porque mientras apenas una fracción mínima de los casos reconocidos cuente con una investigación real, el mensaje del Estado es de permisividad.
El subregistro: el riesgo de una medición de papel
En un país donde la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93 por ciento, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad. El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas. El RNPDNO reporta hoy más de 132 mil desapariciones, una cifra que es resultado de la lucha histórica de las familias. Pretender validar únicamente una cifra reducida basándose en la burocracia de las fiscalías es un intento de minimizar la crisis para evadir la obligación de búsqueda.
Simulación de diálogo y exclusión sistemática
Lamentamos que la presentación de estos instrumentos se realice sin una convocatoria amplia, transparente y abierta. Los procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de quienes han impulsado estas herramientas: las familias, sus colectivos, personas expertas y también organizaciones acompañantes. Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye de la construcción de las metodologías y se posponen las mesas de trabajo, es una forma de simulación. La búsqueda es una obligación del Estado, por lo tanto debe ser una política que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero desconocemos.
Las críticas de los colectivos de búsqueda a las cifras oficiales evidencian la profunda desconfianza entre las familias y las instituciones, mientras el debate sobre la metodología y la magnitud real de la crisis de desapariciones en México continúa abierto.
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