Jair FigueroaLa Cámara de Diputados aprobó este mes una reforma constitucional para limitar las pensiones del Estado en México, estableciendo que no podrán superar el 50 por ciento del salario presidencial, con el objetivo de reducir desigualdades y frenar los llamados excesos en jubilaciones de altos funcionarios.
La medida, impulsada por el gobierno federal, fue avalada tanto en lo general como en lo particular tras una larga discusión en el pleno de San Lázaro. El dictamen obtuvo respaldo mayoritario, aunque con votos en contra y abstenciones de legisladores de oposición que advirtieron posibles riesgos legales, especialmente en torno a la aplicación retroactiva de la reforma.
De acuerdo con el nuevo esquema, el límite de las pensiones se aplicará a extrabajadores de organismos como empresas del Estado, instituciones financieras públicas y entidades paraestatales. Con base en el salario presidencial actual, el tope estimado rondaría los 67 mil pesos mensuales, aunque no se ha precisado si se tomará en cuenta el ingreso neto o bruto.
Durante el debate, legisladores del bloque oficialista defendieron la reforma al señalar que busca corregir desigualdades históricas en el sistema de pensiones, donde existen casos de jubilaciones millonarias frente a ingresos mínimos para la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, integrantes de oposición coincidieron en la necesidad de regular excesos, pero alertaron sobre posibles violaciones a derechos adquiridos.
El dictamen fue turnado a los congresos estatales para su eventual aprobación. Mientras tanto, el tema ha generado protestas de pensionados y especialistas que advierten sobre implicaciones legales y económicas. La discusión sobre el alcance de la reforma y su impacto en quienes ya reciben una pensión continúa abierta en el ámbito público.
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