Mayte Barrios50 organizaciones que integran el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtieron sobre cuatro riesgos rumbo a las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio.
Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, señaló que los estudios revelaron 4 focos en los que se debe poner atención y que amenazan los comicios, estos son:
- Que las precampañas fueron una simulación, ya que las candidaturas se definieron mucho antes.
- Que las autoridades electorales (el Tribunal Electoral y el INE) enfrentan crisis internas que minan su legitimidad.
- Que los partidos están dispuestos a pagar sanciones monetarias con tal de violar la ley
- Que se han presentado diversos tipos de violencia que ponen en riesgo a los actores políticos y el ejercicio de los derechos político electorales.
Respecto al cuarto riesgo, Mariana Mota, de Más Ciudadanía, detalló que en el actual proceso se han registrado 574 incidentes a nivel municipal, lo que confirma que la violencia es una de las más importantes amenazas a la integridad electoral: «Nos confirma que el crimen organizado está más cerca de las urnas».
Por su parte, Alberto Espinosa, representante de la Coparmex, recomendó que los partidos respeten las leyes electorales; que eviten la simulación para garantizar la equidad en la contienda y que las autoridades electorales «sean más exigentes con relación al respeto a la justicia electoral frente a los actores políticos que incluyen, pero no se limitan, al Presidente de la República, que han desacatado las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas del INE o las resoluciones del Tribunal Electoral».
El informe de estos estudios no se ha podido entregar a las autoridades correspondientes, que son el Tribunal Electoral y el INE, según el secretario técnico del acuerdo, Luis Ferández, no se ha podido reunir con la nueva presidenta del Tribunal, Mónica Soto, ni con la consejera presidenta Guadalupe Taddei, recordando que ambas funcionarias firmaron su adhesión al acuerdo, el año pasado, para apoyar este esfuerzo de la sociedad civil para vigilar la integridad del proceso electoral.