Jair FigueroaEl gobierno de Layda Sansores, a través de la Fiscalía General del Estado de Campeche, solicitó al medio Telemar, de la Organización Editorial del Sureste, entregar información sobre periodistas y publicaciones que mencionan a la mandataria estatal. La solicitud ha sido interpretada por diversas organizaciones y comunicadores como un intento de censura y presión contra la libertad de prensa.
Según el requerimiento judicial, la Fiscalía pidió identificar a los autores de notas críticas, así como proporcionar detalles sobre su difusión en plataformas digitales. La solicitud se sustenta en una investigación por presunto delito de calumnia, aunque no se especifican las pruebas ni las notas señaladas.
El documento advierte que, en caso de incumplimiento, el medio podría recibir una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), además de enfrentar un proceso legal.
Reacción de Telemar y de la comunidad periodística
Ante la solicitud, el medio Telemar emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por lo que calificó como un acto de intimidación y vulneración del derecho a informar.
“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, señaló el medio.
Periodistas locales y nacionales coincidieron en que este tipo de acciones representan un retroceso en materia de derechos humanos y libertad de expresión, en un contexto donde Campeche ha acumulado diversas denuncias por hostigamiento a comunicadores.
Un patrón de hostigamiento a medios
Este episodio no es aislado. En junio pasado, el periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por presuntamente “incitar al odio” contra la gobernadora.
El proceso incluyó la suspensión temporal del portal digital, la prohibición de publicar notas relacionadas con Sansores y una multa de dos millones de pesos por daño moral.
Dichas medidas fueron consideradas por organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras como ejemplos preocupantes de represión mediática y uso del aparato judicial para silenciar voces críticas.
Censura y poder político
El caso Telemar refuerza la percepción de que en Campeche se ha instalado un ambiente de censura institucional, donde los medios que cuestionan al gobierno enfrentan consecuencias legales o económicas.
Analistas locales señalan que esta tendencia se ha fortalecido en los últimos dos años, tras varios conflictos entre la gobernadora y periodistas que han investigado presuntos casos de corrupción o uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con especialistas en derecho constitucional, la libertad de prensa no puede condicionarse ni criminalizarse. Cualquier investigación por calumnia debe seguir canales civiles y no derivar en intimidación judicial.
“El periodismo crítico es parte esencial de la democracia. Cuando el Estado busca controlar la información, se debilita la confianza ciudadana y la transparencia”, apuntó un académico consultado por Orus Media.
Reacciones nacionales e internacionales
El caso ha generado eco en círculos periodísticos nacionales e internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación y pidió al gobierno federal observar las acciones de las fiscalías estatales que atenten contra la libertad de expresión.
Por su parte, la organización Artículo 19 exigió a la gobernadora Layda Sansores y a la Fiscalía de Campeche retirar cualquier requerimiento que ponga en riesgo la labor periodística.
“La persecución judicial contra medios y periodistas representa un grave atentado a la libertad de prensa, un derecho protegido por tratados internacionales suscritos por México”, declaró la organización.
Un llamado a proteger la libertad informativa
El caso Telemar podría marcar un precedente negativo si no se garantiza el respeto a la labor de los medios independientes. En un momento donde el periodismo enfrenta desafíos económicos y de seguridad, la presión institucional se percibe como una amenaza adicional.
La defensa de la libertad de expresión en Campeche y en todo el país será fundamental para sostener un entorno democrático y plural.
La sociedad civil, los medios y las autoridades federales tendrán la responsabilidad de garantizar que el ejercicio periodístico siga siendo libre, veraz y sin miedo.
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