Jair FigueroaLa Cámara de Diputados podría definir en las próximas semanas si avanza o no la nueva solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentara una petición por presunto peculado y desvío de recursos. El caso será analizado por la Sección Instructora, que revisará los elementos presentados y determinará si procede la apertura formal del proceso.
Una nueva solicitud tras el retiro del primer proceso
De acuerdo con Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, esta solicitud es distinta a la presentada en 2022, cuando Moreno todavía era diputado federal. Esa petición fue retirada por la Fiscalía de Campeche, por lo que la Cámara determinó que el caso quedó “sin materia”.
En aquel momento, el retiro ocurrió después de que Moreno obtuviera una suspensión provisional de amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continuara difundiendo supuestos mensajes privados en su programa “Martes del Jaguar”. En julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Sansores sí violó su derecho a la privacidad y ordenó retirar dicho contenido.
Con el retiro de aquella primera solicitud y ya sin elementos para continuar, la Sección Instructora desechó el caso por unanimidad el pasado 1° de agosto.
El nuevo caso: peculado, desvío y 83.5 millones de pesos
La nueva solicitud de desafuero, formulada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, hace referencia a presuntos delitos cometidos cuando Moreno fue gobernador del estado entre 2015 y 2019. Según información documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el presunto desvío ascendería a 83.5 millones de pesos.
El expediente incluye cuatro carpetas de investigación sobre la presunta adquisición irregular de 11 casas y tres terrenos, sumadas a una residencia valuada en 130 millones de pesos. En el caso estarían implicadas otras 17 personas, entre ellas exfuncionarios locales.
Flores Cervantes explicó que esta solicitud sí cuenta con nuevos elementos, además de personas detenidas y colaboradores que se habrían acogido a criterios de oportunidad.
Detenidos y carpetas judicializadas
Entre las detenciones previas en el contexto de estas investigaciones, la gobernadora Layda Sansores informó en febrero pasado sobre:
- Domingo José “N”, exsecretario de Desarrollo Económico, señalado por presunto desvío de 25 millones de pesos.
- Pablo “N”, exdirector del Fideicomiso del 2% sobre la nómina, investigado por desvíos adicionales.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado audiencia ante la Sección Instructora para exponer los elementos que fundamentan el nuevo pedido de desafuero.
¿Qué sigue en el proceso?
La Sección Instructora deberá recibir esta información adicional para después decidir si admite o desecha la solicitud.
Si la petición es aceptada, comenzaría un procedimiento formal que incluye:
- Notificación al senador Alejandro Moreno.
- Periodo de pruebas y alegatos.
- Elaboración de un dictamen.
- Presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.
Si, en cambio, la Sección Instructora desecha la solicitud, deberá igualmente presentar un dictamen ante el Pleno, como ocurrió en el caso de Cuauhtémoc Blanco.
Flores Cervantes adelantó que el análisis preliminar podría definirse antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, aunque dependerá del tiempo en que llegue la información requerida.
Un caso con impacto político
El caso “Alito” se ha convertido en uno de los expedientes más polémicos del panorama político reciente. No solo por los señalamientos de corrupción, sino por la dimensión mediática y jurídica que han adquirido las filtraciones de supuestos mensajes, el enfrentamiento con el gobierno de Campeche y las decisiones de la Corte.
Además, el hecho de que Moreno sea actualmente senador y dirigente nacional del PRI añade un componente político relevante, particularmente por las implicaciones que una eventual pérdida de fuero tendría en el escenario partidista.
Panorama abierto para las próximas semanas
Aunque la nueva solicitud de desafuero sigue su curso, aún no existe un dictamen ni una conclusión jurídica. La Sección Instructora espera más información para proceder y solo entonces se determinará si hay elementos suficientes para avanzar.
Por ahora, el caso vuelve a colocarse en la agenda pública y revive un debate que parecía cerrado desde 2022: la responsabilidad penal de un dirigente político en uno de los estados con mayores denuncias por presunta corrupción administrativade los últimos años.
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