RedacciónEl grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Campeche se dividió este domingo luego de que un bloque de legisladores anunciara su ruptura con la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, a quien acusan de ejercer persecución política por oponerse a un endeudamiento estatal por mil millones de pesos. En un giro posterior, siete presidentes municipales del mismo partido emitieron un desplegado este martes rechazando la reinstalación del fuero constitucional para los diputados locales, una medida que fue aprobada por el Congreso tras la ruptura y que contradice, según los alcaldes, los principios de igualdad ante la ley promovidos por la «Cuarta Transformación». La crisis expone una fractura profunda en el partido gobernante a nivel estatal.
El conflicto se desató en torno a una iniciativa del gobierno de Sansores para contratar una deuda pública por mil millones de pesos. El coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, declaró a finales del año pasado que analizarían la propuesta y buscarían alternativas para no endeudar a la población. Durante la sesión del domingo, Jiménez denunció ser objeto de persecución política por esta postura, afirmando: “La transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”. Dirigentes estatales de Morena respondieron acusándolo de «traición», mientras el bloque mayoritario de legisladores morenistas, leal a la gobernadora, defendió su autonomía pero en los hechos respaldó al ejecutivo estatal.
Para consolidar el control de la agenda legislativa, el bloque afín a Sansores se alió con diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), lo que les permitió votar por una nueva mesa directiva del Congreso, desplazando a la dirección anterior. Como resultado, la segunda fuerza política en la cámara, Movimiento Ciudadano, asumió la presidencia bajo el mando del diputado Alfredo Arce. El ambiente se tensó aún más con denuncias de los diputados disidentes sobre la presencia de patrullas de la Policía Ministerial rodeando el Palacio Legislativo, lo que la Fiscalía estatal desmintió, atribuyéndolo a «rondines de rutina».
En un desarrollo significativo, siete alcaldes de Morena en el estado emitieron un desplegado público este martes rechazando la reinstalación del fuero constitucional para los diputados locales, medida que se habría tratado en una sesión reservada del Congreso tras la ruptura. Los ediles de Carmen, Champotón, Seybaplaya, Tenabo, Escárcega, Calakmul y Candelaria cuestionaron la medida, argumentando que «el fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político. Su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y alimenta la percepción de impunidad».
Los alcaldes recordaron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la eliminación del fuero para servidores públicos y que la presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido clara en que no deben existir privilegios. Citando a Sheinbaum, escribieron: «Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?». Este posicionamiento de los alcaldes morenistas representa un desafío directo a la acción del Congreso local controlado ahora por la alianza entre morenistas oficialistas, PRI y PAN, y marca una fisura adicional dentro del partido, ahora entre el poder legislativo estatal y varios ejecutivos municipales.
Ante la escalada de la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció brevemente este martes durante su conferencia matutina, aunque sin abordar los detalles del conflicto. «A todos en Campeche: serenidad y paciencia, paz y amor. A todos, todas», dijo, en un llamado genérico a la calma que no tomó partido por ninguna de las facciones en disputa. Este comentario evasivo sugiere que el gobierno federal prefiere no inmiscuirse directamente en el conflicto interno estatal en este momento, aunque la gravedad de la fractura podría eventualmente forzar una mediación desde la dirigencia nacional del partido.
La reinstalación del fuero legislativo, rechazada por los alcaldes, es particularmente controversial porque representa un retroceso en una de las banderas anticorrupción del morenismo. El fuero, un privilegio jurídico que protege a los legisladores de ser procesados sin la autorización previa del congreso al que pertenecen, fue eliminado a nivel federal y en varios estados durante la administración de López Obrador. Su posible regreso en Campeche, impulsado por una alianza que incluye a Morena, es visto por los críticos como un acto de hipocresía política y un intento de blindar a los diputados leales a Sansores de cualquier consecuencia legal derivada de la crisis.
La división en Campeche refleja tensiones más amplias dentro de Morena entre la lealtad vertical a los líderes ejecutivos (gobernadores) y la autonomía de los congresos para ejercer control, así como entre los principios declarados del movimiento (como la eliminación de privilegios) y las prácticas políticas locales. El desenlace de esta crisis podría influir en dinámicas similares en otros estados donde existan fricciones entre legisladores morenistas y gobernadores de su mismo partido. Por ahora, Campeche enfrenta una legislatura fragmentada y una posible parálisis en la aprobación de iniciativas clave, incluyendo el propio presupuesto y la polémica deuda que originó el conflicto.
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