RedacciónEstados Unidos puso fin este martes a un cierre parcial del gobierno federal que duró cuatro días, luego de que el Congreso aprobara un paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La parálisis presupuestaria, que comenzó el sábado, fue provocada por la oposición de legisladores demócratas que exigían reformas en la forma en que el DHS lleva a cabo sus operaciones de inmigración, particularmente tras las muertes de dos ciudadanos a manos de agentes federales en Mineápolis. El presidente Trump promulgó la legislación y la calificó como una «gran victoria para el pueblo estadounidense».
La aprobación final se logró tras una ajustada votación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, con un margen de 217 a 214. Veintiún demócratas se unieron a la mayoría republicana para respaldar el paquete, mientras que un número igual de republicanos se opuso, rechazando ceder a las demandas de su propio partido para imponer mayores restricciones al DHS. El paquete incluye una medida provisional que financia al Departamento de Seguridad Nacional por dos semanas, dando a los legisladores un plazo breve para negociar un acuerdo de financiación para todo el año fiscal, mientras que el resto de las agencias federales recibieron fondos hasta septiembre.
Las negociaciones se habían complicado significativamente tras los incidentes de Mineápolis, donde agentes federales de inmigración dispararon y mataron a los ciudadanos Renee Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero. Estos eventos desataron protestas masivas a nivel nacional y aumentaron la presión política sobre los demócratas para condicionar cualquier financiación a cambios sustanciales en los protocolos operativos del DHS, especialmente en lo referente al uso de la fuerza, la identificación de los agentes y la transparencia. La indignación pública fue un factor clave en el bloqueo inicial del presupuesto.
Como una concesión directa a esta presión, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes —en pleno cierre gubernamental— que los agentes federales desplegados en Mineápolis comenzarían a utilizar cámaras corporales «con efecto inmediato», y que el programa se expandiría a nivel nacional a medida que se dispusiera del presupuesto. Esta medida, largamente demandada por demócratas y grupos de derechos civiles, busca proporcionar un registro objetivo de las interacciones entre los agentes y los civiles, aunque su efectividad dependerá de las políticas de uso y acceso a las grabaciones. El anuncio ayudó a destrabar parcialmente las negociaciones.
En su declaración tras firmar la legislación, Trump enfatizó el carácter «fiscalmente responsable» del paquete, afirmando que «recorta el gasto federal derrochador al tiempo que apoya programas esenciales para la seguridad, la protección y la prosperidad del pueblo estadounidense». El mandatario, bajo cuyo gobierno ocurrió el cierre récord de 43 días en 2025, había estado presionando intensamente a los legisladores de su partido para evitar una prolongación de la parálisis, consciente del costo político y económico que estos eventos generan.
Sin embargo, la solución es temporal y frágil. Los legisladores tienen ahora solo catorce días para negociar un proyecto de financiación del DHS para el resto del año fiscal, un plazo extremadamente corto dada la profundidad de las diferencias políticas. Los demócratas continúan exigiendo salvaguardias adicionales, como límites más estrictos a las operaciones de redada en comunidades urbanas, mayor supervisión civil y la publicación de datos detallados sobre las actividades del ICE. Por su parte, los republicanos conservadores impulsan provisiones que amplíen la autoridad del DHS para detener y deportar migrantes, y que restrinjan la capacidad de las ciudades santuario para oponerse a las políticas federales.
Los cierres gubernamentales, aunque parciales, congelan los recursos para operaciones federales no esenciales, obligando a agencias a suspender servicios, poner a empleados en licencia sin goce de sueldo o requerirles que trabajen sin paga inmediata. Aunque el impacto de cuatro días fue limitado en comparación con cierres anteriores, generó incertidumbre administrativa y reforzó la percepción de disfuncionalidad en el Congreso. La capacidad de los líderes de ambos partidos para alcanzar un acuerdo duradero en las próximas dos semanas será una prueba crucial de gobernabilidad en un año electoral marcado por profundas divisiones sobre inmigración y seguridad.
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